Congreso archivó denuncia constitucional contra Magaly Ruiz por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la parlamentaria Magaly Ruiz Rodríguez (APP) por presuntamente apropiarse de parte del sueldo de uno de los trabajadores de su despacho.

Como se sabe, en marzo del año pasado, el dominical Punto Final reveló el testimonio de Carlos Marina Puscán, trabajador de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia que lideraba Ruiz Rodríguez, quien aseguraba que la parlamentaria le cobraba S/ 1 500 mensuales por mantenerse en su puesto laboral. 

De acuerdo con su testimonio, Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de Magaly Ruiz, era el encargado del cobro de cupos, “un día o dos días después” de que el Legislativo le abonara su remuneración.

No obstante, con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la subcomisión parlamentaria decidió archivar la denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso porque no se habría acreditado su participación ni la de su asesor en los hechos denunciados. 

No se acreditaron los hechos

La SAC aprobó el informe de la congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) que indicaba que no se acreditaron los hechos denunciados, ni la participación de la parlamentaria en el presunto recorte arbitrario del sueldo de su trabajador.

En ese sentido, respecto a que Carlos Marina Puscán entregó dinero a Jhony Romero Nima para continuar laborando, "no se cuenta con otros medios de prueba que permitan concordar lo afirmado, ya que incluso otros testigos en la Comisión de Ética lo han negado; no existe un váucher de pago, fotografía, estado de cuenta u otra documentación que permita corroborar lo indicado en la denuncia".

Asimismo, respecto a que ese dinero habría sido destinado a Magaly Ruiz como parte de una cuota, el informe estableció que "no es preciso el presupuesto fáctico de cómo se habría llegado a dicho acuerdo entre los implicados, no se proponen fechas, momentos, lugares, etc.; no se cuenta con medios de prueba que permitan concordar lo afirmado, incluso otros testigos en la Comisión de Ética lo han negado".

Además, el informe indicó que en la Comisión de Ética "tampoco se tiene un medio de prueba directo y concreto que permita afirmar que la denunciada conocía de los presuntos hechos ilícitos". 

Blindaje en Comisión de Ética

El 12 de junio del año pasado, la Comisión de Ética Parlamentaria acordó solo imponer una amonestación pública escrita, y una multa de 30 días de remuneración contra la congresista Magaly Ruíz, por estos hechos.

Nelcy Heidinger Ballesteros, colega de bancada de Ruíz, fue quien planteó una cuestión previa para modificar la recomendación de sancionarla con 120 días de suspensión como parlamentaria que proponía el informe final de la investigación. 

Durante la sesión, el congresista Eduardo Salhuana solicitó a los miembros de dicho grupo de trabajo ser "sumamente objetivos" para evaluar los medios probatorios contra su colega de bancada.

Salhuana manifestó que los chats y documentos presentados durante la investigación no acreditan los hechos que se atribuyen a Ruiz y solo involucran a su asesor Jhonny Romero Nima. Por ello, sostuvo que solo se le podría imputar negligencia. 

No obstante, unos días después, Ruiz Rodríguez solicitó al oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles, que se divida en 12 meses la multa de 30 días que le impuso la Comisión de Ética.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicito se derive a quien corresponda se autorice el fraccionamiento de la sanción impuesta a mi persona por la Comisión de Ética del Congreso, la cual consiste en una multa de 30 días de remuneraión, al respecto, solicito se realice tal descuento en mis haberes fraccionándolo en 12 meses", se lee en el documento enviado por Magaly Ruiz.