Congreso aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo

El Congreso aprobó, en segunda votación, el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 7752, que propone otorgar facultades legislativas, por 90 días, al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. 

Tras la realización de una sesión plenaria extraordinaria, la Representación Nacional dispuso aprobar el pedido del Ejecutivo para legislar en 10 materias, como reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

En ese sentido, la solicitud fue aprobada con 58 votos a favor, 40 en contra y 15 abstenciones.

Tras la votación, el congresista Roberto Sánchez Palomino (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una reconsideración, para lo cual se le dio un tiempo de 30 segundos para sustentarla. No obstante, este recurso fue rechazado con 63 votos en contra, 45 a favor y 9 abstenciones. 

Luego de esta última deliberación, el presidente del Congreso Alejandro Soto dio por clausurada la primera legislatura extraordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024.

Minutos después de aprobarse las facultades legislativas, el premier Gustavo Adrianzén, a través de su cuenta en X, agradeció al Legislativo y señaló que el Ejecutivo iniciará "un trabajo arduo para desarrollar los decretos legislativos ya anunciados".

¿Qué facultades legislativas otorgó el Congreso al Gobierno?

Como se recuerda, el último 15 de junio, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en una votación que abordó cada uno de los 10 puntos por separado.

En ese sentido, se votó primero en el ámbito de fortalecimiento de la inversión pública y privada y gestión de servicios públicos, el cual obtuvo 76 votos a favor. Esto se refiere a tarifas diferenciadas para museos, promoción de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Publico Privadas (APP), promoción de servicios que utilicen tecnología 5G, entre otros.

Acto seguido, se votó por el de mejoras en la calidad de la inversión pública, que obtuvo 75 votos, y que tiene que ver con reducción de plazos de contratación de obras o servicios, e identificación de inversiones en el Puerto de Chancay a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Luego se votó por el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, que contó con 74 adhesiones, y que se vincula con la reestructuración del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe)

Continuó la votación sobre el tema de la reducción de costos de transacción, que tiene que ver con la simplificación de los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional. Este obtuvo 77 votos de respaldo.

Le siguió el pedido para legislar sobre acceso y competencia a los servicios financieros -referidos a Reactiva Perú, y la autorización para que Agroperú otorgue financiamiento- que alcanzó 75 adhesiones; continuó el pedido para legislar sobre equilibrio fiscal que alcanzó 77 votos.

Posteriormente, se votó por otorgar facultades para legislar en materia tributaria que fue respaldado por 69 congresistas. Este se refiere a modificaciones a la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como cambios a la Ley que regula la explotación de los juegos a distancia

Siguió el tema referido a la política criminológica y penitenciaria que tuvo 70 votos. Este implica la tipificación del delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual generados por inteligencia digital.

Prosiguió el punto referido a desarrollo y habilitación urbana, y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, que alcanzó 79 adhesiones.

El Parlamento votó también a favor de otorgar facultades al Ejecutivo para legislar sobre seguridad y defensa nacional en el ámbito de la inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital con 81 adhesiones. Esto está vinculado con la creación del Sistema Integrado de Evaluación del Riesgo Migratorio y de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.