Wilson Soto, quien es el que realizó el proyecto, sostuvo que el estar aún en la Corte IDH no permite legislar para tipificar la pena de muerte en el país ante la "inseguridad ciudadana que se ha desbordado".
Los parlamentarios de la bancada Acción Popular presentaron este miércoles formalmente un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional el procedimiento para que el Perú abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Convención Americana sobre Derecho Humanos.
"Nuestra permanencia bajo los alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte Interamericana no nos permite legislar para tipificar la pena de muerte en el país, como una medida disuasiva ante la comisión de delitos que evidentemente causan terror y zozobra a la población, como la extorsión, el sicariato, asesinato, violación de menores etc", se lee en la iniciativa legislativa.
El proyecto de ley indica que esto no vulnera ningún dispositivo normativo por tener carácter de declarativo y ser una invocación al Presidente de la República para que pueda solicitar la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Wilson Soto fue quien desarrolló el proyecto de ley, que cuenta con las firmas de otros miembros de Acción Popular como Luis Aragón, Raúl Doroteo, Hilda Portero, José Arriola, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi.
Presentan denuncia contra Dina Boluarte
Por otro lado, el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, presentó este miércoles una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por una presunta usurpación de funciones y las muertes de civiles ocurridas en las protestas de diciembre de 2022 y enero del presente año.
"Hemos presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo, y por la infracción constitucional cometida durante violación de derechos humanos que hemos tenido en meses anteriores, con el propósito de destituir e inhabilitar del ejercicio de la función pública por de 10 años, porque consideramos que han habido flagrantes delitos", aseguró el parlamentario.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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