Congresistas buscan retorno de la inmunidad parlamentaria a través de proyecto de ley de Acción Popular [Análisis]

La Comisión de Constitución continúa esta semana con el debate del proyecto del congresista de Acción Popular (AP), Wilson Soto, que propone restablecer la inmunidad parlamentaria. De acuerdo a su agenda, el grupo de trabajo recibirá este martes 16 de abril a especialistas para discutir la propuesta, como al expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía; el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga y el exoficial mayor José Cevasco.

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que fue eliminada en el año 2021 tras una reforma en el Congreso de la República. ¿La razón? Cuestionamientos al uso de esta figura como mecanismo de blindaje de los congresistas ante procesos judiciales durante su mandato.

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa legislativa de Soto ingresó a mesa de partes del Congreso en agosto del 2023 con el respaldo de legisladores investigados en el caso ‘Los Niños’, como Darwin Espinoza, Elvis Vergara, José Arriola, entre otros. Recién el martes 9 de abril Soto la sustentó ante la Comisión de Constitución presidida hoy por la legisladora Martha Moyano.

El documento propone cambiar el artículo 93 de la Constitución para incorporar un extracto en el texto que señala que los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente (...)”. 

Si bien la inmunidad parlamentaria se estableció para proteger a los congresistas en su labor de fiscalización y control políticos de denuncias de grupos de poder o intereses, en los últimos años la figura fue utilizada como un mecanismo de impunidad ante la justicia, señala el abogado en derecho electoral, Jorge Jáuregui.

“Pese a que el concepto general de la inmunidad parlamentaria es positivo, lo que busca es un mecanismo de blindaje a los parlamentarios. En este momento hay investigaciones del Ministerio Público, que llevarían a la posibilidad de que una buena parte de parlamentarios estén incursos en varios delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, sostiene.

¿Continuó el blindaje pese a la eliminación de la inmunidad?

Para el politólogo Alejandro Boyco, existe evidencia suficiente con los casos vistos de legisladores acusados de ‘mochasueldo’ sin sanción severa, para percibir que aún existe “un espíritu de cuerpo” al interior del Parlamento. Por lo que aprobar la iniciativa del legislador acciopopulista -precisa- solo extendería aún más la cultura de impunidad en este poder del Estado.

“Es un proyecto equivocado, un proyecto peligroso. Si es que esto fuera trasladado de manera constitucional y se obligara a que el Congreso tenga este tipo de antejuicio para los propios congresistas, la búsqueda de justicia sería mucho más complicada”, señala.

El actual contexto del país no amerita el retorno a la inmunidad parlamentaria. Por el contrario, los congresistas deberían apostar por iniciativas que permitan que altos funcionarios puedan ser juzgados por igual, como cualquier otro ciudadano, ante el sistema de justicia, comenta el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

“El proyecto no justifica el retorno a la inmunidad parlamentaria. Es un despropósito, una pésima técnica legislativa y es insólitamente presentada por quienes son investigados por ser por ser denominados ‘Los Niños’, congresistas que votaban no con libertad de conciencia sino por intereses subalternos, según el Ministerio Público”, refiere.

Expertos coinciden en los riesgos que puede generar el retorno de una figura que ha sido empleada durante mucho tiempo para evadir a la justicia. Por esta razón, los ciudadanos debemos estar atentos al camino que seguirá esta iniciativa en los próximos días al interior del Congreso de la República.