¿Cómo afecta a la labor de la Fiscalía la ley del Congreso que modifica la normativa contra organizaciones criminales?

El pasado 9 de agosto, el Congreso promulgó la Ley N° 32108 que modifica las leyes contra el crimen organizado, luego de que la presidenta Dina Boluarte no observara ni promulgara dicha norma, cuya propuesta fue presentada por el segundo vicepresidente del Legislativo, Waldemar Cerrón (Perú Libre).

El dictamen fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Legislativo, el último 4 de julio, con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones. Pese a que el congresista Edgar Reymundo presentó una reconsideración a dicha votación, esta fue desestimada. 

La norma impulsada por el Parlamento causó el rechazo del Ministerio Público, particularmente del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto, que solicitó al Poder Judicial no aplicarla en el proceso seguido contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, por el caso 'Los waykis en la sombra'.

Ante esta situación, cabe preguntarse en qué medida la Ley N° 32108 afecta la labor del Ministerio Público referida a casos de crimen organizado. En busca de respuestas, RPP conversó con el fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado.

¿Cómo afecta a la labor de la Fiscalía contra organizaciones criminales?

El fiscal Chávez Cotrina indicó que la norma, en cuanto modifica artículos del Código Penal, tiene dos partes importantes, siendo la primera aquella que "aclara conceptos" referidos a la tipificación de organización criminal. En ese sentido, señaló que la Fiscalía debía hacer un 'mea culpa' ya que habría hecho un "mal uso" del tipo penal. 

"Hay dos partes importantes en esta modificación: aclarar los conceptos cuando dicen que una organización criminal tiene que tener una estructura compleja desarrollada, (lo que) me parece muy bien, toda organización (criminal) tiene que tener una estructura compleja desarrollada, es justamente la diferencia entre organización criminal y banda (…) Las bandas tienen una estructura simple, las organizaciones criminales tienen una estructura compleja", indicó. 

"Luego sostienen que la organización criminal tiene que tener mayor capacidad operativa, eso también me parece muy bien que lo hayan positivizado, porque lamentablemente tenemos que hacer un mea culpa: muchos policías hacían sus informes y, cuando lo toma el fiscal, con simples estructuras ya lo encajan dentro de organización criminal (…) Han convertido el tipo penal en una especie de cajón de sastre, todo entra a organización criminal", agregó. 

En ese sentido, Chávez Cotrina indicó que "algunos fiscales con la complacencia también de algunos jueces" incurrieron en dicha práctica inadecuada. "Entonces, tenemos que hacer un mea culpa, ¿hemos hecho un mal uso del tipo penal? Sí, hemos hecho un mal uso", reconoció. 

No obstante, resaltó que "el tema de fondo" de la Ley N° 32108 "es la segunda parte de la modificación, cuando dice que los delitos tienen que ser mayores a 6 años (de pena efectiva de cárcel)".

"Ahí sacan una serie de tipos penales que están en el código, y después establecen que el objetivo de la organización criminal es obtener el control, directa o indirectamente, de la cadena de valor de una economía ilegal. Ahí viene el problema, porque no todas las organizaciones criminales y no todos los delitos tienen esa cadena de valor, porque la cadena de valor empieza por la producción, que puede encajar, por ejemplo, en delitos de narcotráfico, minería ilegal, pero hay otros delitos que no encajan en la descripción. Entonces, para que encaje, tienen que darse los dos supuestos: que sea mayor a 6 años y que también tengan el control de la cadena de valor", explicó. 

Resaltó resolución judicial en caso contra hermanos Cerrón

Asimismo, Chávez Cotrina resaltó la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, que rechazó las solicitudes de los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón para ser excluidos de la investigación preparatoria que se les sigue por el presunto delito de organización criminal vinculada al caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Cabe resaltar que, en sendos recursos de excepción de improcedencia de acción formulados por los hermanos Cerrón Rojas, estos solicitaban acogerse a los alcances de la Ley 32108.

En ese sentido, el fiscal superior titular indicó que el referido magistrado hizo "una interpretación de la norma dentro de los marcos de la Convención de Palermo", con lo cual estableció que "la gravedad del delito no solamente está en el quantum de la pena, sino en la propia naturaleza del delito".

"Me parece una interpretación correcta. Además, sostiene que las cadena de valor es una descripción muy ambigua, que presenta lagunas en su construcción dogmática, por lo tanto esa parte se tiene que interpretar de acuerdo a la Convención (de Palermo), que establece que lo único que se necesita es que haya un fin económico, lucrativo", indicó Chávez Cotrina.

El fiscal señaló que la interpretación del juez Chávez Tamariz tuvo que ver con el hecho de que el propio Waldemar Cerrón fue quien impulsó la norma en el Congreso. 

"Es más, el mismo juez establece en uno de sus considerandos que la actitud del señor Cerrón es una actitud fraudulenta, porque no es posible que una persona que haya emitido o promulgado la propia norma se pretenda beneficiar de la misma", señaló.

"También, por ejemplo, el señor Luna ha presentado la misma acción de improcedencia de acción, pero nuestra fiscal, Sara Francia, teniendo en cuenta ya el precedente del doctor Chávez Tamariz, ha adecuado la conducta del señor Luna y los que están investigados a la nueva norma, estableciendo una cadena de valor en el sentido de que se estaría afectando la administración de justicia y la cosa pública", agregó.

Finalmente, el fiscal superior aseveró que lo que está haciendo el Ministerio Público "es adecuar las normas, pero cuando se puede en determinados tipos penales".

"En algunos tipos penales, de repente, no va a ser así, y entonces van a tener que pasar a fiscales penales corporativos y a Policía no especializada, y ahí viene el gran problema", puntualizó.