¿Cómo afecta a la ciudadanía la iniciativa del Congreso que busca ampliar la fiscalización de las ONG en el Perú?

El dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que propone cambios en la supervisión y fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Perú, ha sido cuestionado en las últimas semanas por diversas instituciones.

La iniciativa que, según el propio documento fue planteada para "velar por la transparencia y el uso de los fondos que estas organizaciones reciben del extranjero", propone un mayor control y fiscalización sobre las ONG por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta entidad está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, establece sanciones para las ONG que van desde la amonestación escrita, el pago de una multa por encima de los dos millones de soles, hasta la suspensión temporal o cancelación de su inscripción. ¿Las razones? El uso indebido del dinero que gestionan, no rendir cuentas sobre las actividades que realizan o presentar información falsa.

Esta situación ha provocado que, en las últimas horas, dieciséis embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas, la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, España y Estados Unidos, emitieran un comunicado conjunto para expresar su preocupación por la iniciativa pues "restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio". 

El papel de las ONG en el Perú

¿Qué es una ONG y qué actividades realizan? Estas organizaciones colaboran con el Estado en tareas que este no logra cubrir en su totalidad a través de proyectos sociales o iniciativas como la educación electoral, acceso a la salud, defensa de derechos humanos o ayuda humanitaria.

El exprocurador anticorrupción y abogado penalista, José Ugaz, advierte que la búsqueda por controlar estas organizaciones no es nueva y ya ocurren en países con regímenes autoritarios como Venezuela, Nicaragua y Rusia.

"Cuando una asociación civil lucha abiertamente contra iniciativas corruptas, hace pronunciamientos, moviliza a la sociedad, no les gusta. Esto va a ser una herramienta de persecución y es una expresión de intolerancia política de quienes la están promoviendo en el Congreso", indica.

En el dictamen también se indica que la APCI deberá llevar un registro actualizado "de todas las organizaciones y entidades que desarrollan activismo político con el financiamiento directo o indirecto proveniente de la Cooperación Técnica Internacional". El texto define como parte de este tipo de activismo a "aquel que busca modificar las políticas públicas nacional o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas".

Sobre el impacto de la propuesta en el ciudadano, comenta Ugaz: "El ciudadano de a pie es el gran beneficiario de la libertad de expresión y la democracia. Esto es una herramienta absolutamente antidemocrática y lo que busca es evitar la pluralidad de ideas que hace es el sustento de un estado democrático de derecho", refiere.

El rol fiscalizador de la APCI

En el 2023, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) supervisó solo a 63 ONG de 1779 que están registradas, mientras que menos de 300 informaron sobre sus proyectos ante esta entidad, recuerda el analista político César Campos. Por el escaso papel supervisor que ha demostrado esta entidad en los últimos años resulta "indispensable" realizar cambios a la norma, agrega.

"En los últimos 20 años hay ONG que se han revelado como inspiradas en el deseo de capturar algunas instancias del Estado, principalmente las áreas de justicia, de educación, defensa, por lo tanto, es necesario que esa fiscalización aumente", expresa.

Campos sostiene que, en sus inicios, estas organizaciones "cubrían muy bien los espacios donde el Estado no tenía presencia en la sociedad"; sin embargo, con el paso del tiempo es necesario que la fiscalización aumente dado que hay diversas ONG "que no reportan debidamente todos los ingresos que reciben de la cooperación técnica internacional".

"El Congreso de la República tendrá muchos cuestionamientos, pero este dictamen [busca que se] fortalezca la APCI y no que tiendan a desaparecer a las ONG. Es un paso positivo", precisa.

¿Se busca una sobreregulación de las ONG?

La iniciativa aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores despierta dudas por la falta de claridad sobre cuál será el criterio para sancionar a las ONG y preocupa que pueda ser utilizada de forma política por el gobierno de turno, señala Álvaro Henzler, presidente ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia.

"Este proyecto de ley incorpora el gran peligro de un control político discrecional sin una tipificación clara de cuáles son las faltas, con una desproporción en las sanciones y, por ende, eso termina siendo un brazo político muy dañino para un país que aún vive en democracia", sostiene.

En diálogo con El Poder en tus Manos, Henzler consideró que puede existir una "motivación sana" para que "todas las instituciones tengan una regulación técnica que asegure un manejo transparente" y así evitar el ingreso de fondos del crimen organizado, economías ilegales u organizaciones que sean fachadas de grupos "en contra del Estado y la sociedad". No obstante, la propuesta del Congreso tendría un fin distinto.

"Vemos una motivación más política en un régimen donde tanto el gobierno como el Congreso comienzan a proponer reformas que tienen una tendencia autoritaria o de pérdidas de libertades civiles y constitucionales. [Esto] por no querer aceptar, en democracia, diferentes posturas ideológicas o políticas, o de defensa de la democracia, derechos humanos y libertad de expresión. Eso es una motivación más insana y menos democrática", refiere.

La propuesta fue aprobada como dictamen a inicios de junio en la Comisión de Relaciones Exteriores y está lista para ser vista en el Pleno. Alejandro Aguinaga, presidente de esta comisión, ha expresado su intención de que se discuta antes de este viernes 14 de junio que acaba la actual legislatura.

Como ciudadanos, debemos estar atentos a los cambios que busca aprobar el Congreso y que podrían poner en riesgo el derecho de la participación ciudadana de todos los peruanos.