Comisión Permanente evaluará informe final contra Betssy Chávez por golpe de Estado el 14 de marzo

Comisión Permanente evaluará informe final aprobado por la Subcomision de Acusaciones Constitucionales | Fuente: Andina

El pasado lunes, la SAC aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración

La Comisión Permanente del Congreso evaluará el próximo martes, 14 de marzo, desde las 10 am., el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a la expremier Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Cabe recalcar que, de aprobarse el informe en dicha comisión parlamentaria, éste pasará al Pleno del Congreso donde se decidirá, en última instancia a nivel político, si el Ministerio Público procesa a los exministros del último Gabinete de Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Aprobación en la SAC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, el último lunes, el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a la expremier Betssy Chávez; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, extitular del Comercio Exterior y Turismo, por el fallido golpe de Estado. El informe se aprobó con 17 votos a favor, dos en contra y una abstención.

En la misma sesión, el subgrupo de trabajo, presidido por Lady Camones (Alianza para el Progreso), aprobó la suspensión de los parlamentarios Betssy Chávez y Roberto Sánchez mientras duren las investigaciones.

La propuesta del informe final fue sustentada por el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, en calidad de delegado de la denuncia constitucional 328.

Tras la decisión mayoritaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista y exministro, Roberto Sánchez, cuestionó a Soto por no haber considerado que el extitular del Interior, Willy Huerta, pidió disculpas tras acusarlo de haber soltado la frase: “Por el país”, tras el mensaje de Castillo Terrones.

“En los informes que ha hecho el congresista Soto no considera un conjunto de cargos que he puesto a consideración. Por ejemplo, el ministro Huerta me ha pedido disculpas públicas sobre haberme involucrado en un supuesto intercambio de palabras. Tampoco ha sido incorporado que mi ingreso [a Palacio de Gobierno] fue a las 11:15 a.m. a 11:20 a.m.; mi renuncia [fue] apenas conocidos los hechos”, declaró a los medios de comunicación.

Impedimento de salida del país

La Comisión Permanente del Congreso acordó, la tarde del último viernes, solicitar al Poder Judicial imponer impedimento de salida del país para los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez, en el marco de las investigaciones que afrontan ambos por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

Con 18 votos a favor 3 votos en contra y 0 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el requerimiento que planteó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, ante el Poder Judicial, debido a la inclusión de ambos excongresistas en el informe final que elaboró dicho grupo de trabajo por la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Durante su intervención ante la Comisión Permanente, Camones indicó que es necesario que se asegure la denuncia constitucional mediante la adopción de medidas limitativas contra los denunciados. Añadió que el informe emitido final emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, en el que están incluidos ambos congresistas, tuvo una votación favorable.

Asimismo, indicó que ya hay precedentes de congresistas que han utilizado sus prerrogativas para eludir o evadir la acción de la justicia. Esto sumado al anuncio del ministro del Interior, Vicente Romero, sobre la suspensión por parte de la propia parlamentaria Betssy Chávez de su servicio de seguridad y protección personal, asignado por el Parlamento. Por tanto, señaló que existe una posibilidad de que ambos legisladores puedan intentar evadir la justicia.


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