La legisladora Katy Ugarte es acusada de despedir a una trabajadora de su despacho que tenía 6 meses de gestación. El informe final de la Comisión de Ética plantea que la congresista sea suspendida por 30 días y se le descuente.
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La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes el informe final que propone suspender por 30 días a la legisladora Katy Ugarte por el despido de una trabajadora de su despacho que se encontraba embarazada.
El titular de dicho grupo de trabajo, Diego Bazán, indicó que el informe fue aprobado con ocho votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones. Plantea que la parlamentaria sea suspendida en el ejercicio de sus funciones y se le aplique un descuento por 30 días de legislatura.
La denuncia fue realizada en enero de este año por Melissa Gómez Cáceres, quien indicó en RPP Noticias que se encontraba con seis meses de embarazo cuando fue despedida del despacho de la legisladora Katy Ugarte por un presunto bajo desempeño laboral, algo que rechazó.
"Yo empiezo a trabajar a finales de febrero del 2022, me llaman para suplir a una trabajadora que había renunciado por maltrato de parte del asesor Roger Torres. Mi despido es también a causa de un cambio de personal, no he sido la única persona, han sido tres personas", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Noche.
"Las rotaciones en el Congreso son habituales, pero yo estoy embarazada. Se rotó un comunicado sobre mi desempeño laboral, que niego categóricamente. Soy una profesional", sostuvo.
Ahora, el informe debe ser elevado al Pleno del Parlamento, a fin de que sea sometido a votación y se defina si es que aplica o no la suspensión contra la legisladora del Bloque Magisterial.
Informe contra Edgar Tello
Asimismo, durante la sesión de la Comisión de Ética se aprobó el informe de calificación que recomienda declarar procedente la denuncia contra el parlamentario Edgar Tello por un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
Este informe fue aprobado con 10 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones.
Tello Montes no solo es acusado por un recorte de sueldo a sus trabajadores, sino también por hostigar a una trabajadora gestante y por pedir 8 000 dólares a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú para comprar utensilios para las ollas comunes.
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