por Redacción RPP
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El abogado penalista Carlos Caro recalcó que la iniciativa vulnera el derecho a la libertad de expresión e información, por lo que pidió al Parlamento no respaldar el proyecto de ley.
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El Pleno del Congreso debatirá este viernes el proyecto de ley que establece la sanción penal a los fiscales que filtren las declaraciones de los colaboradores eficaces y aspirantes a esa condición a los medios de comunicación. Antes del inicio del debate, el abogado penalista Carlos Caro calificó de inconstitucional la iniciativa, al considerar que vulnera el derecho a la libertad de expresión e información.
En Ampliación de Noticias, el letrado criticó el proyecto presentado por la bancada de Podemos Perú, con la coautoría de María Cabrera, y recalcó que ya existen sanciones para los funcionarios públicos que vulneren la confidencialidad en un proceso de colaboración eficaz.
“… este proyecto de ley está pensado en penalizar a todos los que puedan filtrar esta información al nivel de los medios de comunicación”, cuestionó.
“Esto constituye un atentado flagrante contra las libertades informativas, dado que el deber de reserva no le compete al periodista, quien tiene el derecho de resguardo de la fuente. […] Ante tal inconstitucionalidad, yo pienso que no debería pasar la aprobación del Congreso”, agregó.
Congresistas deberán asumir costo reputacional si aprueban la iniciativa
En ese sentido, Caro consideró que, de aprobar el referido proyecto de ley, los congresistas dañarían la imagen del Perú, que, según sus estimaciones, quedaría como un país donde no se preservan los estándares internacionales relacionados al derecho a la libertad de expresión.
“A mí me parece fundamental que la prensa ejerza la labor preventiva. Yo creo que los congresistas tendrían que asumir un costo reputacional muy alto si aprueban una norma así, porque pondrían al Perú en un estándar internacional lesivo a lo que significa el derecho a la libertad de expresión e información”, alertó.
Finalmente, el abogado penalista explicó que se podría interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una acción de amparo para dejar sin efecto el proyecto de ley que plantea la modificación de 3 artículos del Código Procesal Penal referido al procedimiento especial de colaboración eficaz.
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