Vocero de bancada fujimorista dice que 'Ley Antiforestal' puso "fecha límite para adquirir una posesión agrícola"

Los incendios forestales registrados durante este año, y que se han multiplicado durante las últimas semanas, han causado, hasta la fecha, 20 fallecidos en 10 regiones del país, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además de cientos de hectáreas arrasadas y daños a la fauna silvestre. 

Respecto al origen de estos siniestros, el Gobierno ha señalado que, mayoritariamente, han sido causados por la práctica de quema de pastos. Sin embargo, el último viernes, la presidenta Dina Boluarte señaló que pudo percatarse de que, en la región San Martín, habrían sido provocados para "agrandar los espacios agrícolas".

"Cuando sobrevolamos la zona de Amazonas, podíamos ver desde el aire que sí, estaban los incendios y quizá estos sean provocados por estas costumbres ancestrales, pero lo que ayer (jueves) vimos en San Martín es totalmente diferente (...) Lo que veíamos en la zona de San Martín, o en la zona de awajún, que es una zona reservada, y lo digo con suma tristeza: ahí, al parecer, la intencionalidad del incendio es para poder agrandar los espacios agrícolas, porque está todo un terreno agrícola, ya sembrado inclusive, y el incendio sigue para las zonas donde están los bosques", indicó.

Ante este tipo de incidencias, diversos especialistas han considerado que estas prácticas ilícitas tienen un respaldo en la Ley N° 31973, conocida como 'Ley Antiforestal', que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La norma fue promulgada por insistencia por el Congreso, el pasado mes de enero, pese a las observaciones del Ejecutivo y al rechazo de organizaciones indígenas y ambientales. 

Al respecto, RPP conversó con el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, la cual apoyó en bloque la aprobación de esta propuesta en diciembre del año pasado. 

Puso "fecha límite para adquirir una posesión agrícola"

Arturo Alegría consideró que la Ley N° 31973 tiene un balance positivo, puesto que "delimita una fecha límite para poder adquirir una posesión agrícola sobre terreno en posesión".

"Es decir, hasta enero de este año, que fue donde se publicó esta norma y se generó la reglamentación, tenían plazo quienes deseaban tener un título de propiedad. Yo parto por una premisa importante: tener una ley de ordenamiento territorial en el Perú no es garantía de cuidado del medioambiente, pero no tener una ley de ordenamiento territorial es garantía de deforestación", indicó.

En ese sentido, indicó que con dicha norma se buscaba realizar "un planteamiento" considerando la ausencia de "una ley de ordenamiento forestal" en todo el país. Además señaló que se apuntaba a tener "un Ministerio del Ambiente mucho más fuerte".

"En el Perú, por ejemplo, solamente la región San Martín y la región Ucayali tienen una ley de ordenamiento forestal. Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, ninguna otra región tienen una ley de ordenamiento territorial (que) es una disposición de los gobiernos regionales", señaló.

"En el Perú, tenemos 12 millones de hectáreas agrícolas, más que suficiente para poder desarrollar una actividad agrícola. Sin embargo, lo que hace hasta hace un tiempo un agricultor, como no tenía la titularidad de su terreno, iba ampliando su terreno agrícola porque, como ningún banco ni entidad bancaria le podía dar un financiamiento porque no tenía una titularidad, tenía que ir ampliando y ampliando. (La norma) lo que ha buscado es ponerle un punto final a esto, que luego de ello tengamos un Ministerio del Ambiente mucho más fuerte y que, de algún modo, importe algún tipo de mecanismo que signifique que ningún área que ha sido quemada pueda ser otorgada para un título agrícola", explicó. 

Asimismo, consideró "inescrupulosos" a quienes queman "bosques y áreas de conservación natural, afectando no solamente la biodiversidad, sino también la vida humana", y resaltó la "incapacidad que ha tenido el Gobierno para afrontar estos problemas".

Cabe señalar que la llamada 'Ley Antiforestal' modificó los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, e incorporó dos disposiciones complementarias. La primera es la suspensión de "la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes"; y la segunda, la prohibición de otorgar títulos habilitantes "durante el periodo de suspensión de la exigencia de la zonificación forestal".

Además, estableció que la zonificación forestal "es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego" y ya no por el Ministerio del Ambiente, como establecía la normativa anterior. 

Por otro lado, Alegría criticó que el Ejecutivo no haya dispuesto declaratorias de emergencia oportunas en las regiones donde se registraban los recientes incendios forestales.

"¿Cuánto tiempo hemos pasado para que, desde el Ejecutivo, se plantee, por ejemplo, una declaratoria de emergencia para Ucayali, San Martín y Amazonas? ¿Cuántas semanas se han perdido para poder lograr esa declaratoria de emergencia? Una declaratoria de emergencia lo que plantea es que las instituciones, los gobiernos subnacionales, el gobierno local, los gobiernos regionales, puedan disponer recursos, que es lo que hace falta, en la atención a emergencias ambientales (…) Lamentablemente, hoy por hoy, no tenemos ni capacitación ni utilización de recursos públicos y menos tecnología para poder delimitar unos planes estratégicos que sirvan efectivamente para poder atender estos incendios", indicó. 

"No es posible que mandemos a nuestros brigadistas con bate fuegos para poder atender estos incendios. Es insostenible una política medioambiental que no cumpla con requisitos mínimos para poderle entregar a las personas que atienden estas emergencias recursos y logística necesaria", agregó.