Antauro Humala afirma que participará en proyectos de ley de UPP y que estos tendrán “inspiración etnocacerista”

Antauro Humala Tasso, mayor en retiro del Ejército Peruano y reo del penal Ancón II con sentencia firme por el caso ‘Andahuaylazo’, respondió por escrito un cuestionario* que RPP Noticias le hizo llegar a su celda el pasado viernes. En su carta de puño y letra, que recibimos a través de su defensa legal, afirma que Unión por el Perú (UPP) -partido con el que mantiene una alianza política- enfocará su gestión legislativa en puntos programáticos etnocaceristas y que él tendrá “plena” participación en los proyectos de ley de la bancada.

“Plenamente [participaré en las propuestas de ley]. Entiéndase que toda la producción legislativa de la bancada de la alianza UPP/Frente Patriótico se circunscribirá dentro del Programa de 10 Puntos patriótico/soberanos, de inspiración etnocacerista”, escribió. Sobre la cercanía que tiene con miembros de UPP, aclaró que su fundador y uno de sus virtuales congresistas, José Vega Antonio, lo visita “desde hace años” y que el también virtualmente electo Virgilio Acuña integra su organización Frente Patriótico.

“El compatriota Vega me viene visitando desde hace años, en esta prisión de Ancón II como en las anteriores en que he estado (...). He de precisar que el compatriota Virgilio conforma la Comisión Política del Frente Patriótico junto a otros once integrantes, presididos por mi persona. Es mi amigo y dirigente leal”, sostuvo en sus líneas.

-Sobre la propuesta de pena de muerte-

El hermano menor del expresidente Ollanta Humala también fue consultado por este medio sobre la instauración de la pena de muerte para funcionarios corruptos, una de las propuestas partidarias más polémicas de UPP. En respuesta, explicó que busca “extender” la “macrocorrupción presidencial” (en alusión a mandatarios eventualmente condenados por delitos de corrupción) como causal de “traición a la patria”. 

Para ello, señaló que la sanción de pena de muerte ya ha estado prevista en las Constituciones que han regido el Estado a lo largo de su etapa republicana. Cabe recordar que el artículo 140 de la vigente Carta Magna sí establece la pena de muerte, pero solo por el delito de traición a la Patria en caso de guerra y por el de terrorismo “conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Ante la pregunta de cómo regularía esta sanción, considerando los tratados internacionales que ha firmado el Perú en relación a derechos humanos, Antauro Humala respondió que el Estado tendría que retirarse de ellos. “Si para aplicar la pena capital a la macrocorrupción presidencial como extensión de la figura de ‘traición a la Patria’ hemos de retirarnos del Tratado de San José de Costa Rica (al que Estados Unidos de Norteamérica no se adscribe), pues se tendrá que hacer”.

Para sostener su postura, sugirió que la Justicia no habría sido aplicada de manera equitativa a lo largo del tiempo para aquellos altos funcionarios que ‘traicionan’ a través de la corrupción. “En el caso actual del Perú, en que se constata que todos los ‘presidelincuentes’ habidos desde el fujigolpe de abril de 1992 están inmersos en el soborno 'lavajatista', consideramos que han incurrido en traición consecutiva de casi un tercio de siglo en agravio de la población (...). Hasta se podría hablar de ‘crimen de lesa humanidad’ (...). Urge, pues, el Paredón Patriótico-Pedagógico”, escribió.

-Condiciona eliminación de la inmunidad y rechaza reforma política-

Respecto del debate al que se sumaría UPP en el Pleno del nuevo Legislativo sobre cambiar las reglas del levantamiento de la inmunidad a congresistas sentenciados, Antauro Humala respondió que votarán a favor, pero solo si esta modificación se extiende a otros altos funcionarios, incluyendo al presidente de la República. “La apoyaremos siempre y cuando vaya conexa a la [eliminación de la] inmunidad presidencial y ministerial (Ejecutivo), así como a la de los miembros del Tribunal Constitucional”, indicó. 

En cuanto a otros puntos para la reforma política sobre los que el Estado trasladó discusión al Congreso pasado y que serían debatidos por el próximo, rechazó cualquier apoyo, pues se enganchan a lineamientos de la Constitución Política vigente, que la bancada de UPP propuso derogar como plan de campaña: “Las restantes reformas nos parecen simples maquillamientos intrascendentes para un país cuyo problema fundamental es el marco jurídico/constitucional mal parido del fujigolpe de abril de 1992”, escribió.

Humala también aclaró el enfoque que tomará la bancada de UPP en el Parlamento, donde ocuparía 13 escaños: "Solo dialogaremos, desde el Congreso, en función a nuestros 10 puntos patrióticos/soberanos y a la amnistía de los presos políticos etnocaceristas y judicializados por resistencia social, como el compatriota Walther Aduviri. (...) Las decisiones en un partido político son de carácter colectivo y no individual. Por eso la plataforma programática".

-Sobre su pedido de amnistía-

En la comunicación escrita que tuvo con RPP, el ex militar de 56 años también se pronunció sobre su pedido de amnistía y aclaró que nunca autorizó solicitar el indulto que alguna vez fuera rechazado por el gobierno de su propio hermano Ollanta. 

“Jamás lo solicité porque pedir “perdón” (indulto) me parece inaceptable por una acción (“Andahuaylazo”) de la que tanto yo como los 170 reservistas que me acompañaron nos sentimos orgullosos. En cuanto al pedido efectuado por mis padres y mi hermano Ulises ante Ollanta, esto fue sin conocimiento ni aprobación mía”, sentenció.  

Sobre del proyecto a favor de su amnistía, que la bancada de UPP eventualmente presentaría, indicó que viabilizarla hacia el Pleno del Congreso para su aprobación sería “coherente y consecuente” porque ya otras dos “rebeliones cuarteleras” -como él las llama- recibieron gracias similares. Esto, en alusión a la asonada del 13 de noviembre de 1992, que dirigió el general EP Jaime Salinas Sedó contra el entonces presidente Alberto Fujimori, y el ‘Locumbazo’, que promovieron los propios hermanos Humala (Ollanta y Antauro) el 29 de octubre del 2000, también en contra de Fujimori.

Como se recuerda, el 1 de enero de 2005, Antauro Humala pretendió derrocar al gobierno de Alejandro Toledo junto a un grupo de seguidores de su causa. La asonada, producida en Andahuaylas (Apurímac) y conocida como “Andahuaylazo”, devino en un enfrentamiento de policías y militares del Estado contra reservistas del movimiento de Antauro. La gresca armada dejó como saldo a cuatro policías y dos civiles muertos.

Antauro Humala fue detenido y encarcelado el 3 de enero, según consta en una notificación publicada posteriormente por el Poder Judicial. Su condena, al inicio a 25 años de prisión, se dictó el 2009. Sin embargo, tras un recurso ante la Corte Suprema el 2011, la sentencia se redujo a 19 años. Los delitos específicos por los que Antauro Humala purga condena son rebelión, secuestro, sustracción o arrebato de armas, homicidio simple y daños. 

Según informó el diario El Comercio en setiembre de 2019, la reparación civil que se le impuso -ascendiente a S/ 1’283,000- ya fue cancelada en partes por Virgilio Acuña. 

*El cuestionario que envió RPP Noticias el 7 de febrero de 2020 a Antauro Humala fue elaborado por Melissa Barrenechea Arango y Ana Bazo Reisman; ambas, periodistas de este medio.

Una cuenta de Facebook, administrada por seguidores de Antauro Humala, publicó hace un año sobre las "diez medidas etnocaceristas" que serían el eje de su campaña hacia el 2021. De acuerdo con el post, que está acompañado de un video, las propuestas programáticas son las siguientes:

"1. Subordinar el libre mercado a la Nación: Derogatoria de la fujiconstitución y simultánea restauración de la Constitución seminacionalista de 1979 (aplicando su último artículo que castiga a los “usurpadores y a sus sucesores”) en tanto se convoque y funcione una asamblea constituyente de la cual surja un auténtico contrato social, por ende, soberano y etnopatriótico.

2. Priorización de la producción nacional sobre toda importación (Nación antes que Libre Mercado).

3. Escarmiento histórico: Aplicación inmediata de la Pena Capital (en función de la Constitución del 79 ya restaurada) a los presidelincuentes y demás autoridades inmersos en delitos de macrocorrupción en cuanto extensión de la figura constitucional del delito de Traición a la Patria de ser necesario retirando al Perú de la CIDDHH.

4. Renacionalización de todo lo extranjerizado empezando por todo lo chilenizado.

5. Estatización y/o colectivización de todos los (sociedad civil/popular organizada: universidades, gremios, sindicatos, gremios profesionales, Pymes, etc.) de los canales de TV (Señal abierta- TV basura); los mismos cuyos propietarios se vendieron a Montesinos y luego fueron cómplices de los “presidelincuentes de Lavajato”.

6. No podrá haber en el Perú un extranjero con trabajo en tanto exista un solo peruano desocupado.

7. Anulación de todos los peajes carreteros (Libre tránsito pues ya se saqueó demasiado al pueblo) y mantenimiento vial a cargo del Estado Patriota y soberano.

8. Restauración del servicio militar obligatorio y universal, y participación de las fuerzas armadas en la recuperación de la seguridad ciudadana.

9. Aplicación del modelo Boliviano (Evo Morales) en combinación del Plan Inka Velasquista en el campo de la actividad minero energética; es decir, el mineral le pertenece al Estado incluso después de extraído por un privado y debe pagar una alta regalía.

10. Reactivación del Agro y Ganadería nativa y su priorización sobre la Minería Transnacional Libre Saqueadora".