Aníbal Torres justificó ante el Congreso la inmovilización social obligatoria de abril en Lima y Callao

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para responder a un pliego interpelatorio conformado por siete preguntas relacionadas a las protestas sociales del mes pasado y la cuestionada disposición del Gobierno de inmovilización social obligatoria del 5 de abril en Lima y Callao.

Respecto al Decreto Supremo que dispuso la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y en el Callao, el 5 de abril, desde las 02:00 horas hasta las 23:59, Torres dijo que se contaba con información reservada de Inteligencia que indicaba que esa fecha la situación se agudizaría y agravaría la situación de violencia por las protestas.

Al ser consultado sobre el compromiso de dejar sin efecto dicho decreto supremo, expresado por el mandatario, Aníbal Torres respondió que de haberse emitido un dispositivo legal de anulación, este hubiese entrado en vigencia el 6 de abril, es decir, al día siguiente de su publicación, cuando ya no se encontraba en vigencia la medida.

"La medida era solamente para ese día. Desparecida la causa, desparecido el hecho, la norma deja de regir. Si se hubiese dictado una norma derogándolo, se estaría derogando una norma que ya no tiene vigencia", agregó

El titular de la PCM también respondió sobre las movilizaciones sociales que se dieron en Huánuco, Ica, Junín y Lima a consecuencia del incremento de precio de los alimentos, de la gasolina, de los fertilizantes, entre otros.

Al respecto, señaló que el tema fue tratado en los Consejos de Ministros del 31 de marzo y el 1 de abril de los corrientes y se instalaron mesas técnicas de alto nivel para contribuir con la solución de la problemática del transporte y de los agricultores.

Sobre el menor de 13 años, de iniciales B.J.P.L., que falleció ahogado al tratar de huir del accionar de los policías que estaban reprimiendo la movilización, basándose en informe de la Policía Nacional, Torres dijo que "se descartaría que el menor se haya ahogado" en las circunstancias antes descritas.

"El menor ingresó por la parte este de la pista donde no estaban los manifestantes que estuvieron en el oeste. Ocho efectivos policiales procedieron a buscar al menor bordeando el rio y lo socorrieron inmediatamente pero al no responder lo llevaron a un nosocomio de Jauja, donde lamentable certificaron su deceso", agregó.

Posteriormente, tras la exposición de Torres, se abrió el debate para que los congresistas se pronuncien sobre el tema. Tras la participación de varios legisladores, y a solicitud de la congresista Flor Pablo, la sesión pasó a ser secreta para que se pueda mostrar los informes de Inteligencia citados por el Ejecutivo.

Ministro del Interior justificó la actuación de la Policía

Un día antes, el pasado miércoles, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, defendió la participación de la Policía en el contexto de las protestas realizadas en diversos puntos del país en mayo pasado. Como parte de la interpelación a la que fue sometido, precisó también la situación de las personas que fallecieron o resultaron heridas.

Al inicio, el titular del Mininter aseguró que el Gobierno respeta la libertad de las personas de movilizarse y protestar. Tras recordar que los deudos y familiares de los heridos han recibido un apoyo económico, precisó que el Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía realizan las investigaciones penales y administrativas.

"Como persona y ministro concibo la protesta como una forma democrática y constitucional, individual o colectiva, que se utiliza para expresar ideas, oposición, denuncia o de reivindicación. Reconozco la legitimidad de las protestas, dirigidas a expresar opiniones de rechazo a políticas públicas, a reclamar a los distintos poderes del Estado", señaló.

"El sector que represento y todas sus dependencias reconocen la protesta como una forma de promoción y defensa de la democracia e invocamos permanentemente al derecho de manifestarse de manera pacífica, teniendo en cuenta que todo reclamo es válido, como también es válido el derecho de los demás", agregó.

Chávarry detalló que estas investigaciones incluyen el caso de la muerte de Alexander Trujillo en Huánuco por una herida en la cabeza, así como el fallecimiento de un menor de edad que cayó y se ahogó en el río Yacus, en Jauja, y el deceso de Johnny Contreras, producido en un intercambio de pedradas entre transportistas y manifestantes en Ica.

Refirió también que las protestas en esta última localidad dejaron a quince policías heridos, mientras que en Huánuco los agentes del orden perjudicados físicamente fueron 22. En Junín, este número sumó 34.

En otro momento, el ministro defendió el decreto supremo 034-2022-PCM que dispuso una orden de inamovilidad y señaló que obedeció a informes de Inteligencia que alertaban sobre acciones de violencia. Al respecto, dijo que "las medidas adoptadas tuvieron un grado de eficacia" ya que "no se registraron saqueos ni incendios de vehículos".

Chávarry también señaló que las escopetas que lanzan perdigones de goma se utilizan en manifestaciones en las que peligra la vida de las personas, tal y como está regulado en la Ley que rige el uso de la fuerza por parte de la Policía. Agregó que se trata de implementos "no letales".

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, respondió a un pliego interpelatorio conformado por nueve preguntas respecto a la actuación de la Policía Nacional durante las protestas por el paro de transportistas en diversas regiones del país en abril. Tras esto, se dio inicio al debate de las bancadas.

 

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