por Redacción RPP
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El abogado penalista Andy Carrión analizó la denuncia de la congresista Susel Paredes, quien afirmó que una parlamentaria no quiso firmar la moción de censura contra el ministro Juan Silva, debido al ofrecimiento de una obra para su región.
El abogado penalista Andy Carrión consideró este lunes que si la realización, promesa u ofrecimiento de obras públicas se da por algún nivel de contraprestación, se estaría ante indicios que podrían calificar como el delito de cohecho activo o el delito de tráfico de influencias.
En entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP, Andy Carrión analizó la denuncia de la congresista Susel Paredes (Partido Morado), quien afirmó que una parlamentaria no quiso firmar la moción de censura contra el ministro de Transportes, Juan Silva, porque este ya se había comprometido a darle una obra.
"El hecho de realizar obras, prometer obras u ofrecerlas en todo caso a algunos congresistas para su región no significa de alguna manera alguna conducta de tipo delictiva. Sin embargo, si esta se da por algún nivel de contraprestación. Es decir, 'vamos a ofrecer obras y a contraprestación', por ejemplo, no vas a votar una moción de vacancia en contra de algún ministro, estaría ante indicios que podrían eventualmente calificar como el delito de cohecho activo o el delito de tráfico de influencias", dijo.
Andy Carrión recordó el caso de los 'Mamani audios' cuando Kenji Fujimori junto a Guillermo Bocangel y otros congresistas ofrecieron a algunos parlamentarios obras para sus regiones a cambio de impedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
"De hecho, ese caso al día de hoy ya se encuentra en juicio oral, con los delitos de cohecho activo genérico y también de tráficos de influencias imputados a estos congresistas", indicó.
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Además, Andy Carrión sostuvo que Susel Paredes tiene la obligación de especificar quién fue la congresista que no quiso firmar la moción de censura contra el ministro Silva, pues ya existe también el delito de omisión de denuncia.
"Aquel funcionario público que esté noticiado de la comisión de un delito, tiene la obligación de también denunciarlo ante las autoridades competentes. Por lo tanto, la congresista está obligada a identificar quiénes son o quién es el congresista que ha obtenido una obra a cambio de no censurar al ministro", aclaró.
Caso Juan Altamirano y MTC
Por otro lado, Andy Carrión argumentó que el caso del exasistente administrativo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Altamirano, estaría a nivel de sospecha inicial simple frente al delito de tráfico de influencias. Esto debido a videos donde se ve cómo el extrabajador del MTC ofrecía puestos laborales en la administración pública.
"No estamos ante una situación baladí, podría ya la Fiscalía abrir una investigación con los indicios que ha brindado la noticia y de alguna manera proceder a la identificación de quiénes han sido beneficiados. No es una tarea sencilla, pero ya existe un punto concreto de partida para desarrollar la investigación concreta", dijo.
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