El vocero de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, indicó que la denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo podría servir también para sustentar un pedido de vacancia o una suspensión.
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El vocero de Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto, criticó la tutela de derechos presentada por Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, que busca anular la denuncia constitucional remitida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso de la República. Para Soto, las acciones de la defensa legal del jefe de Estado sería un ataque al Parlamento, ya que le impediría cumplir con su mandato constitucional.
"Toda la artillería legal del señor Castillo está atacando al Congreso de la República. Ya se ha planteado una acción de amparo y ayer Benji Espinoza ha planteado una tutela de derechos para impedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales funcione, se reúna, tanto como la Comisión Permanente y el pleno. Es decir, están impidiendo que cumplamos un mandato constitucional. Y eso sí se enmarca en la última parte del artículo 117 (de la Constitución), que sería una causal para acusarlo constitucionalmente por impedirnos a los congresistas tramitar un pedido como el que viene del Ministerio Público", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Asimismo, consideró que la denuncia constitucional contra el mandatario podría, además, servir de insumo para dar sustento a una posible vacancia presidencial o destitución.
"La acusación (denuncia) constitucional sirve para tres hechos concretos: una es la (acusación) denuncia constitucional propiamente dicha, otra sirve para sustentar un pedido de vacancia y otra para pedir una suspensión del cargo del presidente de la República. Alianza para el Progreso, con el vocero, que soy yo, hemos firmado ya el pedido de vacancia elaborado por el congresista Edward Málaga", aseveró.
´Los Niños´ en Alianza para el Progreso
Por otro lado, Soto Reyes negó la posibilidad de que algunos miembros de Alianza para el Progreso estén involucrados en el grupo denominado ´Los Niños´, quienes, desde el Congreso, operarían en favor de Castillo Terrones, según la tesis fiscal.
"(En la denuncia presentada por Patricia Benavides) cuando se habla del Congreso de la República, hay un capítulo completo donde se habla del brazo congresal; es decir, la Fiscalía evalúa todas las declaraciones, todas las pruebas que tiene este documento y determina qué congresistas constituirían ese brazo del Ejecutivo en el Congreso. Ahí se hace mención a los seis congresistas de Acción Popular, no hace mención a ninguno de Alianza para el Progreso", manifestó.
Finalmente, el también integrande de la Comisión Permanente comentó el caso de Luis Picón, parlamentario excluido de APP por sus presuntas cercanías con el Ejecutivo.
"Es el comité ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso el que, evaluando el accionar de Luis Picón, que es un congresista que ingresó por Alianza para el Progreso y que sin autorización del partido, sin comunicar a nadie se fue a Chile a la asunción del mando de Gabriel Boric, acompañando a Pedro Castillo, nos daba las muestras de que se estaba acercando al Ejecutivo y que, además, no estaba respetando los estatutos del partido, entonces se toma la decisión de excluirlo", culminó.
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