Alejandro Soto: presidente del Congreso habría pedido acogerse a ley de prescripción que él mismo impulsó

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, sí se habría acogido a la ley de prescripción para librarse de un proceso judicial que afronta en el Cusco por estafa. Esto pese a que él lo negó ante la prensa.

RPP Noticias tuvo acceso a un documento emitido el pasado 14 de julio de este año. El congresista debía enfrentar un pedido fiscal de ocho años y ocho meses de prisión por la denuncia que le interpuso la empresa Waynapicchu; sin embargo, su abogado Walter Pimentel Peralta presentó ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco una solicitud de excepción de prescripción, esto para lograr que su cliente quede absuelto de todo. 

"Señor Magistrado, se debe tomar en consideración y tomar en aplicación la retroactividad benigna de la ley penal, dado que la Ley N° 31751 implementó modificaciones de naturaleza material, lo cual es plenamente aplicable retroactivamente a los procesos en trámite por ser más beneficioso", se lee en el documento entregado por el abogado de Alejandro Soto. 

Esta norma fue aprobada en el Parlamento el pasado 11 de mayo, con voto del propio Soto. La ley modifica el código procesal penal respecto de los plazos de suspensión de la prescripción de delitos, lo que plantea un plazo determinado de vencimiento. 

El dispositivo legal permite que los imputados queden libres de las acusaciones en su contra y que la capacidad de suspensión del plazo de vencimiento que tiene la autoridad se fije en máximo un año, sin importar el delito.

El abogado de la empresa Waynapicchu, Darwin Urquizo, afirmó a RPP Noticias que el abogado de Alejandro Soto se unió a un pedido de otras defensas involucradas en el caso, a fin de que se aplique la ley y por tanto los casos prescriban. 

“Claro, él y todos los otros imputados (se beneficiaron). Yo estuve en la audiencia defendiendo a la empresa agraviada y tanto la defensa del señor Soto, como la defensa de los otros imputados, solicitaron que se aplique esta ley, que se promulgó en mayo y que recorta el plazo de la prescripción de la acción penal”, sostuvo.

La Fiscalía señala que Soto firmó un contrato con la referida compañía en diciembre de 2012 para elaborar sus estatutos. Cobró por este servicio, pero no habría entregado el trabajo a la empresa.

"No me aferro al cargo"

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se refirió hace unos días a las denuncias en su contra y precisó que, si hay una justificación válida, está dispuesto a dar un paso al costado y dejar el cargo. Asimismo, indicó que se pone a disposición de la Comisión de Ética para dar inicio a las investigaciones.

"He instado varias denuncias penales [Sic]. Entonces puede que en el registro aparezca mi nombre como denunciante, como denunciado. Eso no significa que yo esté involucrado en un delito. Con total certeza estoy diciendo que no tengo ninguna investigación. Yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado", dijo el titular del Parlamento.