Guerra-García defiende "presunción de inocencia" de Alejandro Soto y afirma que tuvo postura similar con Pedro Castillo

El segundo vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra-García, desestimó los cuestionamientos en contra del titular del Parlamento, Alejandro Soto, y dijo que defenderá la institucionalidad, tal como, aseguró, lo hizo durante el Gobierno de Pedro Castillo.

"Cuando el presidente Castillo gobernaba se propuso que se reduzca los votos para poder vacarlo. Y Fuerza Popular dijo: no podemos hacer eso. Nosotros lo discutimos, porque hay que proteger de alguna manera a los poderes del Estado, a la institucionalidad y a un presidente de un poder del Estado (...). No podemos cambiar de presidente del Congreso tres o cuatro veces. Esa también es una mala señal afuera del Perú (...). Hay una palabra que se llama presunción de inocencia. Que la Fiscalía, que la Procuraduría inicie investigaciones no significa que alguien sea culpable. Es más, debe ser tratado como inocente", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, el parlamentario de Fuerza Popular invocó a la "presunción de inocencia" para justificar la negativa de su bancada a votar en contra de una posible censura contra Soto. No obstante, se debe recordar que su agrupación política votó a favor de la vacancia contra Pedro Castillo, pese a que las investigaciones se encontraban en el mismo estadío.

"Nuestra posición es que el presidente del Congreso de la República tiene presunción de inocencia. No por investigaciones preliminares, por titulares de prensa o porque se cree vamos a cambiar a una presidente del Congreso. No vamos a apoyar esa moción (...). Creo que los que trabajamos en un grupo político tenemos derecho a hacer política y el Facebook y declaraciones es parte de hacer política", aseveró.

"Nunca dijimos que Pedro Castillo era culpable"

En otro momento, el segundo vicepresidente del Congreso mencionó que no existe ninguna inmoralidad es ser llamado a juicio y aseguró que en su bancada nunca dijero que Pedro Castillo era culpable de delito alguno. 

"¿Cuál es el tema de que alguien vaya a comparecer a un juicio civil? ¿Cuál es el delito, el pecado, la inmoralidad política de que alguien vaya a un juicio? (...) Nosotros nunca dijimos (que Castillo) era culpable. Esperamos su juicio", aagregó.

El legislador naranja descartó que pueda existir un conflicto de interés en la denominada ´Ley Soto´. Dentro de sus argumentos, Guerra-García esgrimió que como el titular del Parlamento dijo que se sometería a las disposiciones de la Comisión de Ética, habría que creerle.

"Pienso que no (hubo conflicto de interés). Porque él tuvo una posición inicial en contra. Votó como vocero. Yo he votado como vocero en temas que no creía. No creo que el señor Soto haya dicho que se va a beneficiar. (Además), ha dicho que se va a someter a Ética. Debemos de creerle", mencionó.

Proyecto para evitar clausuras injustificadas

Por otro lado, Guerra-García comentó sobre el proyecto de ley para legislar mejor los mecanismos y garantizar la seguridad y salud en los locales comerciales sin que se vean víctimas de "abusos municipales". Ello, a raíz de la clausura del restaurante La Granja Azul en Ate.

"Cuando en un evento preguntaba cuál es el principal enemigo del emprendedor en el Perú, sin lugar a dudas la gente decía que eran los municipios distritales. No puede ser que en nuestro país la gente identifique a una parte del Estado como su principal enemigo. Ciérrame por cualquier cosa, parece ser el lema que ellos tienen", mencionó.

"Esta ley no quiere quitarle la fiscalización a los municipios, no quiere quitarle la potestad de cerrar cuando se pone en riesgo la vida o la salud. Lo que quiere es evitar el abuso. Y el abuso se da cuando encuentro una falla que puede ser subsanable (y cierro). Lo primero que debe hacer el Estado es educar, luego buscar que no se vuelva a repetir la conducta y al final debe buscar cerrar", añadió.

El legislador de Fuerza Popular indicó que el motivo por el que cierran los locales es porque los emprendedores no acceden a las coimas de los fiscalizadores.

"La peor sanción para un emprendedor es que su negocio quede cerrado, su familia y los trabajadores queden en el aire, y que, encima de ser cerrado, les pongan una multa porque no accedió a la coima que le pidieron los fiscalizadores", explicó.

"La norma busca dar una cierta uniformidad. Hay municipios, como San Isidro, que permite que la gente corrija. Pero hay otros municipios, como el de Ate, que lo que hace es prácticamente inventar cualquier cosa para cerrar un restaurante como La Granja Azul. Entonces debe haber uniformidad y esto debe tener rango de ley. Además, debe existir gradualidad. Lo primero que debe hacer el municipio o cualquier entidad es educar", finalizó.