El parlamentario reconoció que esta denuncia mancha a todos dentro del Poder Legislativo y espera que se identifique a los responsables en caso se compruebe ese hecho.
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, aseguró este miércoles que se ha decidido revisar las contrataciones del personal en el Legislativo luego de una denuncia periodística en la cual habría una red de prostitución dentro del Parlamento.
"A raíz de este tema se ha tomado la decisión de hacer un control exhaustivo de todas las contrataciones en el Parlamento y ojalá que sirva para depurar de gente que no debería estar ni un minuto más en el Parlamento", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.
Muñante reconoció que este caso, dado a conocer por el programa 'Beto a Saber', deja una grave mancha a todos los que laboran en el Congreso.
"Lamentablemente nos mancha porque gente que hemos ido a trabajar y nos comportamos de manera adecuada nos vemos afectados por este tipo de denuncias. Somos los primeros en pedir que esto se investigue y que se sancione ejemplarmente cuando se determine la responsabilidad de las personas", añadió.
Comienzan investigaciones
Este miércoles se conoció que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, informó que el grupo de trabajo que dirige iniciará las investigaciones correspondientes sobre una presunta red de prostitución en el Congreso.
Por su parte, la Fiscalía anunció que investigará a Jorge Torres Saravia, exjefe de la oficina de Orden Legal y Constitucional del Congreso, por estar presuntamente involucrado en el caso. El funcionario fue destituido el último sábado tras conocerse la denuncia.
"Debate de la pena de muerte es un distractor"
Por otro lado, el parlamentario Alejandro Muñante cuestionó la propuesta del Ejecutivo con respecto a promover la pena de muerte. En ese sentido, afirmó que hay compromisos internacionales firmados que impide esa figura en el país.
"Para mi ha sido un bluf, un distractor. Lo he dicho en anteriores oportunidades, porque si quisieran tomar las cosas en serio no harían una comisión para revisar la legalidad de esta norma sino empezarían de frente por la denuncia del pacto de Costa Rica. Eso te daría un año de plazo para debatir la norma y si vemos que no funciona simplemente retrocedemos", indicó.
Muñante sostuvo que no puede dar una opinión a favor o en contra de la medida porque para ello primero debería haber una reforma de la justicia en el país.
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