La medida, que alcanza también a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla, es por el presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado en el 2020.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó este viernes, por mayoría, el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra el exmandatario, Martín Vizcarra, y la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla.
Esta decisión está relacionada al caso del presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, debido a que no contaba con experiencia en la defensa de los intereses del Estado y sin el informe a favor de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según detalla el informe.
La denuncia, indica, además, que el exjefe de Estado y la extitular del ministerio de Justicia, se interesaron en forma directa en la designación de Soria Luján y por ello se emitió la resolución que lo designaba como procurador general del Estado.
Debido a ello, los denunciados deberán responder por presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal de cargo.
Con 15 votos a favor, cinco abstenciones y cero en contra, se aprobó la denuncia constitucional que fuera presentada por la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Cabe recordar, que Daniel Soria Lujan fue designado en el referido cargo el 1 de febero del 2020 y fue supendido -mientras dure el proceso disciplinario- el 24 de noviermbre del 2023, a través de una medida cautelar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Caso 'Vacunagate'
El último martes, el mismo grupo de trabajo determinó, también por mayoría, admitir a trámite dos acusaciones constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso 'Vacunagate'.
Como se recuerda, el año 2020, diversos medios de comunicación revelaron que el exmandatario, funcionarios de su Gobierno, sus familiares y otros personajes del rubro político habrían sido inoculados irregularmente con la vacuna de ensayo de Sinopharm en medio de la pandemia COVID-19.
Al respecto, la SAC decidió declarar procedentes dos denuncias contra Vizcarra Cornejo por el presunto delito de concusión por, supuestamente, haberse beneficiado él, su esposa y su hermano con dichas vacunas de ensayo.
Una de estas acusaciones fue presentada por el excongresista Yván Quispe "por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, colusión simple, y otros"; mientras que la segunda fue interpuesta por los exlegisladores Manuel Merino, Luis Roel Alva y Leonardo Inga, "por los presuntos delitos de concusión agravada y otro".
En dichos recursos, se acusaba al expresidente por presuntos delitos vinculados tanto a la adquisición de las referidas vacunas, como a la aplicación irregular de la dosis experimental que se habría permitido durante su gobierno.
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