Salatiel Marrufo afirmó que Dina Boluarte ordenó influir en el JNE para favorecer a Perú Libre en 2021: ¿qué delitos se habrían cometido?

La entonces candidata a vicepresidenta por Perú Libre, Dina Boluarte, habría ordenado que se influya irregularmente en dos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para beneficiar a Pedro Castillo al término de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021, según una declaración que brindó a la Fiscalía el colaborador eficaz Salatiel Marrufo.  

De acuerdo con Punto Final, Marrufo aseguró, en una declaración de 2023 y que luego ratificó en abril de este año, que Boluarte Zegarra realizaba  las coordinaciones con José Nenil Medina, el ahora encarcelado exalcalde de Anguía (Cajamarca); y Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea (Breña) y recién deportado de Estados Unidos, para asegurar que los magistrados del JNE Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar voten en contra de que se amplíe el plazo para admitir las impugnaciones de Fuerza Popular. 

Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Pedro Castillo, estas coordinaciones se realizaron en varias reuniones en viviendas de Breña, y en algunas de ellas estuvo presente el exmandatario.

En estos encuentros, iniciados el 7 de junio de 2021, un día después de la segunda vuelta electoral, según Marrufo, Sánchez Sánchez dijo conocer a Richard Acuña, hijo del fundador y presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña, y que este tenía un contacto en el JNE.

Por su parte, Medina aseguró que contaba con el voto del magistrado Sanjinez Salazar, y que había llegado a él a través del presidente del Partido Democracia Directa, Andrés Alcántara Paredes. 

Estas coordinaciones se habrían realizado debido al estrecho margen de la proyección de votos entre Pedro Castillo (50.2 %) y Keiko Fujimori (49.8 %), resultados que podrían haberse revertido impugnando mesas de votación. 

¿Qué delitos se podrían haber cometido?

Las declaraciones de Marrufo han causado un remezón en el escenario político del país. Desde el Congreso, se habla de una posible causal para vacar a Dina Boluarte, pero desde el Ejecutivo se ponen paños fríos.

"Yo doy por absolutamente descartada cualquier posibilidad de intervención o de injerencia de la presidenta”, dijo ayer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Por su parte, el congresista  de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, recordó que su compañero de bancada, Jorge Montoya, presentó el informe final de la comisión especial que investigó el presunto fraude en los comicios; sin embargo, fue archivado cuando se expuso ante el Pleno.

"Eso sería muy grave, muy grave, creo que eso sí, ameritaría que el Congreso tome algún tipo de acción, (una vacancia) es posible, pero repito, tiene que corroborarse”, comentó el legislador.

Los dichos de Marrufo deben ser corroborados en el marco de la investigación, pero ¿de qué delitos estaríamos hablando?

En declaraciones a RPP, el especialista en legislación electoral, Virgilio Hurtado Cruz, descartó que las declaraciones de Salatiel Marrufo evidencien un supuesto fraude, pero sí dijo que se podría tratar de un presunto tráfico de influencias; que consiste en utilizar la influencia personal a través de conexiones con personal a través de conexiones con personas que tienen cargos públicos o incluso empresariales, a fin de obtener favores.

“Por lo pronto estamos ante la declaración de un colaborador eficaz y lo que corresponde es que el Ministerio Público inicie las opciones correspondientes, para verificar si es que lo dicho se ajusta a la verdad o no”, comentó en el programa Ampliación de Noticias.

Hurtado Cruz detalló que cuando se proclama un proceso electoral -en este caso las elecciones ganadas por Pedro Castillo- no hay forma de reparar los derechos de aquellos que hubieran sido afectados en la contienda, en referencia a la supuesta afectación a Fuerza Popular. Sin embargo, detalló que sí hay causa para formalizar una denuncia y una posterior investigación a los personajes nombrados.

“El Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se proclama un proceso electoral no hay forma de reparar los derechos que hubieran sido afectados en la contienda electoral”, indicó.

El especialista insistió en que, de corroborarse estas declaraciones, “estamos ante un problema grave” porque se compromete a la presidenta Dina Boluarte y al Jurado Nacional de Elecciones, porque la “democracia depende de este organismo electoral”.

Asimismo, dijo que Marrufo también corre el riesgo de retornar a prisión si no se corroboran sus acusaciones.