Proyecto que penaliza filtración de información "perjudica principalmente a los periodistas", afirma abogada Romy Chang

El último miércoles, el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley que establece penas de cárcel para cualquiera de las partes comprendidas en una investigación fiscal que difundan información reservada. Al respecto, la abogada penalista Romy Chang, en diálogo con RPP Noticias, señaló que la referida norma, en realidad, perjudica principalmente a los periodistas.

"Yo creo que no es proporcional, no se condice con los fines del derecho penal y, lo peor de todo, realmente no va a sancionar al responsable que divulga la información, sino, básicamente, va a torturar a quien recibe la información y la divulga, o sea a los periodistas", explicó.

Además, consideró que la llamada "ley mordaza" en realidad tiene como objetivo dificultar la labor periodística.

"Yo creo que esa es la razón por la cual se le llama a este proyecto de ley como ley mordaza porque, de alguna manera, lo que está dificultando es que los medios de comunicación hagan su labor, sobre todo vulnerando este secreto profesional que los periodistas tienen de mantener en reserva sus fuentes", señaló.

Colición con el derecho de periodistas

En ese sentido, la abogada consideró que, de aprobarse la norma, colisionaría con el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes y podrían ser penalizados por "desobediencia a la autoridad".

"Si se aprueba este proyecto de ley, habría una colisión porque, por un lado, se va a exigir que se cite a los periodistas para que cuenten quién les entregó la información y, por otro lado, el periodista va a alegar que tiene derecho a guardar el secreto de sus fuentes por el tema de la reserva. Con lo cual, al final, la decisión va a ser del juez quien incluso podría terminar de sancionar al periodista, si se niega a dar la información, por otros delitos como desobediencia a la autoridad", explicó.

En esa línea, sostuvo que se vulneraría el "secreto profesional del periodista para mantener en reserva sus fuentes", lo cual puede considerarse "como un atentado a los medios de comunicación, a la libertad de prensa".

Por otro lado, Chang señaló que ya existe una norma que establece sanciones administrativas para la divulgación de información reservada, la cual, justamente, no ha sancionado ningún caso porque resulta "muy difícil ubicar quién es la persona que realmente divulga la investigación".

"No hay sanciones administrativas que se hayan dado en ninguno de los casos que (...) incluso han sido denunciados por abogados (...) El problema es pensar que el derecho penal es una varita mágica que, porque regula una conducta como delito, automáticamente va a hacer que las personas no cometan la infracción", explicó.

Además, consideró que norma del Ejecutivo "desnaturaliza" el derecho ya que es "contraria a los fines del derecho penal y a principios que limitan el uso del derecho penal en el Estado". 

Suspicacias

Por otro lado, la abogada consideró que "genera suspicacias" que un Gobierno "con tantos cuestionamientos" justamente sea el que presente un proyecto de ley de este tipo.

"Que el Gobierno de turno tenga estas complicaciones y presente un proyecto de ley como éste, sí genera algunas suspicacias respecto a que no se desea la divulgación de información que sí es de interés nacional porque compromete los bienes y el patrimonio del Estado", señaló.

Además, consideró que, de aprobarse la norma en el Congreso, ésta podría ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad.

"Si se llega a aprobar, claramente cabría una acción de inconstitucionalidad e, inmediatamente, el Tribunal tendría que actuar para definir si es o no constitucional una norma como ésa", puntualizó.