Presidente del Poder Judicial dijo estar a favor sobre la política migratoria del Gobierno

"Oportunamente es posible que nos haga llegar al proyecto para una opinión personal prefiero reservar para ese momento", señaló | Fuente: RPP

"Creo que las medidas para controlar el ingreso de migrantes —sobre todo de personas que pudieran tener antecedentes— me parece bien”, declaró Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, tras su reunión con el jefe del Parlamento, José Williams.

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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se reunió con el jefe del Parlamento, José Williams, en el marco de la situación en la frontera peruana con Chile. Al respecto, en diálogo con la prensa, se pronunció sobre la política migratoria que está aplicando el gobierno de Dina Boluarte.

“Yo pienso que, como todo sabemos, la política migratoria es la que dirige el Ejecutivo. Y en este caso creo que las medidas para controlar el ingreso de migrantes —sobre todo de personas que pudieran tener antecedentes— me parece bien”, declaró en el Congreso.

En ese sentido, sostuvo que debe seleccionarse a las personas a empadronar ya que "no todos los migrantes son definitivamente delincuentes", pero que sí hay problemas en "malos elementos" que forman parte de la delincuencia e inseguridad en las calles del Perú

"Creo que se debe seleccionar a las personas, porque no todos los migrantes son definitivamente delincuentes, pero sí tenemos problemas de ingreso de algunos malos elementos que el Estado peruano debe impedir que regresen al territorio porque contribuyen a la criminalidad", agregó.

Sobre proyecto de ley

En ese contexto, el presidente del Poder Judicial evitó dar opinión sobre el proyecto de ley del Congreso de la República que propone expulsar a los extranjeros con situación migratoria irregular.

Señaló estar a la espera de que el Parlamento le entregue el proyecto legislativo para evaluar dicha iniciativa. 

La reunión entre Javier Arévalo y José Williams se dio a fin de que se priorice, en segunda votación, la norma donde se propone que —con el presupuesto de gobiernos regionales y locales— se construya unidades de flagrancia delictiva.

La finalidad es investigar y sancionar los delitos comunes de forma rápida. Ello se verá en la próxima sesión plenaria.

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