Presidente del JNE: Un sector del Congreso "está atacando a la institucionalidad democrática"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas afirmó que un sector del Congreso busca someter a integrantes del sistema electoral al temor a juicios políticos y de ese modo amedrentarlos "para evitar que se tomen determinadas decisiones" desde instituciones como las que ahora dirige. 

En una entrevista a la agencia de noticias EFE, señaló que desde el Parlamento se "esta atacando a la institucionalidad democrática, porque quieren someter a los jueces electorales" a través de proyectos de ley y demandas validadas por el Tribunal Constitucional (TC).   

Para Salas Arenas se ha iniciado una nueva ola de ataques contra los órganos electorales, luego de las hostilidades iniciadas en contra del JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2021 desde grupos políticos descontentos con los resultados de las elecciones presidenciales en las que Pedro Castillo ganó en segunda vuelta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.  

"Ahora hay cinco proyectos que apuntan a extender el juicio político a los jueces electorales y algunos de ellos a los miembros del sistema electoral", afirmó el titular del JNE. 

Con esto se pondría "a los jueces electorales en manos de los vaivenes de la política y, allí la democracia se resiente. (En este momento) hay dos acusaciones constitucionales para iniciar el juicio político en mi contra", agregó. 

Una de esas acusaciones ha sido presentada por la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) por los presuntos delitos de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo y colusión simple y agravada.

La segunda todavía no se ha hecho pública, pero fuentes del JNE confirmaron a la agencia EFE que ya ha sido presentada.

Proyectos de ley para permitir juicios políticos 

Los proyectos de ley a los que se refiere Salas Arenas tienen que ver con propuestas para reformar el artículo 99 de la Constitución, que habilita al Parlamento para acusar al presidente de la República, diputados, ministros, miembros del TC, del Consejo Nacional de la Magistratura y vocales de la Corte Suprema, entre otros. En esta lista no figuran los miembros del JNE o la ONPE y las iniciativas parlamentarias buscan incluirlos en el referido artículo de la Carta Magna.   

Las iniciativas respecto al artículo 99 son una respuesta a un fallo del TC en el que se exhorta al Congreso a modificarlo, luego de una demanda competencial presentada por legislativo contra el Poder Judicial. En el recurso el Parlamento argüía que el sistema de justicia había "menoscabado" sus atribuciones, luego de que una corte de Arequipa concediera un amparo a Salas Arenas para que no se le investigue en el Congreso, entre otras decisiones. 

Al respecto, Salas Arenas dijo a EFE que "el ataque a los organismos electorales, cualquiera que fuera el presidente del JNE, además de ser un ataque personal es un ataque a la institucionalidad misma de la democracia".

"En esa primera ola de ataques se decía 'vamos a secuestrarlo', 'hay que bombardear su casa (...) para que no haga la proclamación de quién resultara ganador'", subrayó e hico hincapié en que no ha dejado de recibir amenazas desde entonces.  

Como se recuerda, el 25 de julio de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a Salas Arenas y su núcleo familiar, "tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos", debido a que fue víctima de amenazas de parte de grupos que denunciaban fraude en la última elección presidencial. 

"En esa primera ola de ataques se decía 'vamos a secuestrarlo', 'hay que bombardear su casa (...) para que no haga la proclamación de quién resultara ganador'", subrayó e hico hincapié en que no ha dejado de recibir amenazas desde entonces.

Por eso, reiteró que la democracia peruana estará en riesgo si prosperan las reformas planteadas en el Congreso y dijo que espera que la medida cautelar de protección adoptada por la CIDH "se eleve a medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)". (Con información de EFE)