Pablo Sánchez declinará al cargo de fiscal de la Nación a favor del fiscal supremo Juan Carlos Villena

El fiscal supremo Pablo Sánchez, a quien por ley le corresponde asumir el cargo de fiscal de la Nación tras la suspensión provisional de Patricia Benavides, declinará del cargo este lunes para que su colega Juan Carlos Villena Campana lidere el Ministerio Público, según fuentes de RPP Noticias.

Sánchez – en su condición de fiscal supremo más antiguo – presidió la Fiscalía de la Nación de manera interina entre marzo y junio del 2022, en reemplazo de la suspendida Zoraida Ávalos.

En diciembre del 2014 le correspondió asumir el cargo provisional ante la suspensión del entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y lideró a la institución hasta el 2018.

Sin embargo, Sánchez desistirá del cargo en esta oportunidad y cederá la posta a Juan Villena.

Villena y Sánchez conforman la Junta de Fiscales Supremos (JFS) y en noviembre de este año exigieron la renuncia de Patricia Benavides como fiscal de la Nación por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público y con vínculos en el Congreso.

La investigación

La investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) señala que Jaime Villanueva – exasesor principal de Patricia Benavides – fue el nexo entre la suspendida fiscal y un grupo de congresistas para influir ilícitamente en la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos. 

Por este caso, el pleno de la JNJ aprobó suspender provisionalmente por seis meses a Patricia Benavides como fiscal suprema, por lo que corresponde que abandone el puesto de fiscal de la Nación, que ostentaba desde julio del 2022, en tanto dure la sanción.

Mario Peña Flores, abogado de Patricia Benavides, ya anunció que presentará un recurso de reconsideración y calificó la suspensión de arbitraria, pues – consideró –  no se respeta la presunción de inocencia y el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra su patrocinada.