por Redacción RPP
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El expresidente del Congreso, Manuel Merino, dijo que tiene la “conciencia tranquila” y pidió al Ministerio Público retomar las investigaciones para hallar a los “verdaderos responsables”.
Un día como hoy, hace dos años, los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado fallecieron durante la represión policial que se registró en las multitudinarias protestas, realizadas en Lima y otros puntos del país, en rechazo del recién instalado gobierno de Manuel Merino, quien asumió el cargo el 10 de noviembre de 2020 tras la vacancia de Martín Vizcarra.
A dos años de la muerte de ambos jóvenes, el expresidente Merino dijo tener la “conciencia tranquila” al negar su responsabilidad política por el deceso de Inti y Bryan. Así, exhortó al Ministerio Público (MP) a reabrir las investigaciones del caso para encontrar a los “verdaderos responsables”.
“Estoy seguro que si se hace una investigación, se va a encontrar a los responsables, eso va a dar tranquilidad a la familia. No es suficiente que les des una indemnización económica, porque eso es ponerle precio a la vida de un ser humano", señaló.
En declaraciones a TV Perú, el también extitular del Congreso reveló que la muerte de los jóvenes no influyó en su decisión de renunciar a la Presidencia de la República, sino la “tranquilidad de todos los peruanos” ante el descontento social que ocasionó su asunción al cargo.
“Nosotros somos decentes, honestos y católicos. Mi renuncia no obedece a los muertos [en referencia a Inti y Bryan], sino a la tranquilidad de todos los peruanos, porque había un plan armado donde había intereses de la AFP, vacunas chinas…”, señaló.
“Esas muertes tienen que investigarse, no puede quedar nada impune. Tengo la conciencia limpia y la tranquilidad de que no tengo responsabilidad de esas muertes, porque nosotros actuamos en defensa de los 30 millones de peruanos”, agregó.
En ese sentido, Merino negó que su entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, haya ordenado reprimir violentamente a los cientos de manifestantes que tomaron las calles del Centro de Lima durante las marchas del 14 de noviembre de 2020.
“Es totalmente falso que haya habido órdenes del ministro para que vaya a matar jóvenes. Esas marchas fueron impulsadas por todas las personas que estaban preocupadas [por no] ser parte del nuevo presidente constitucional que le tocaba asumir no por decisión propia, sino por decisión de 105 valientes parlamentarios”, puntualizó.
Finalmente, Merino de Lama expresó sus condolencias a los deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado y saludó “que estén insistiendo en hallar a los verdaderos responsables”.
¿Por qué la familia de Inti Sotelo denunciará al Estado ante la CIDH?
Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, anunció que en estos días presentarán una denuncia contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la "impunidad" que habría generado la aprobación del informe de Cavero.
En ese sentido, refirió que "hay pruebas suficientes" para que la corte internacional compruebe la responsabilidad del Estado ante los hechos señalados.
"En un caso tan evidente, donde hay tanta prueba documental y testimonial, es muy probable que la Corte tendrá un fallo condenando al Estado peruano, y eso significará que se abra una investigación a Merino y los exministros”, indicó al diario La República.
Asimismo, explicó que la CIDH, tras revisar el caso, podría "emitir un pronunciamiento y hacer recomendaciones" para que se reabran las investigaciones contra Manuel Merino y sus exministros implicados.
En esa misma línea, Killa Sotelo, hermana de Inti, reafirmó que su familia acudirá a dicha instancia supranacional.
“Hay dos procesos que se han abierto. Uno que es a los altos funcionarios que lamentablemente hoy en día el Congreso y que, específicamente, Cavero y compañía loa achivaron. En el Perú ya no tenemos mayor justicia, pero vamos a ir a instancias internacionales. Estamos preparando una denuncia para que lo vea la CIDH, para que seamos escuchados", señaló al diario El Popular.
Cabe señalar que la investigación preliminar por homicidio agravado contra altos mandos y oficiales de la Policía implicados en el caso, se encuentra paralizada desde hace 4 meses, tras iniciarse en octubre del 2021.
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