'Los Niños': Corte Suprema admitió apelación de congresista Arriola para que le devuelvan dinero incautado

La Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el congresista de Acción Popular, José Arriola, con el que busca que se le devuelva los más de 71 mil dólares y 33 mil soles que la Fiscalía le incautó tras allanar su vivienda, ubicada en el distrito limeño de La Molina, como parte de la investigación preliminar que afronta junto a otros legisladores por el caso 'Los Niños'.

El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida tras determinar que el recurso presentado por la defensa legal del legislador el último 6 de julio, cumplió los requisitos que exige la ley para ser remitido a la instancia superior para su evaluación respectiva.

Arriola apeló la resolución que emitió dicho magistrado en la que declaró infundada la devolución de estos bienes, al coincidir con la posición del Ministerio Público respecto a que el dinero en efectivo incautado durante este allanamiento, realizado el último 24 de marzo, tendría relación con el caso investigado 

La defensa legal del legislador demandó que se revoque la resolución apelada y, en consecuencia, se declare fundada su solicitud de devolución de bienes incautados.

Ante ello, el magistrado Checkley resolvió “conceder” la apelación de Arriola Tueros y remitirla a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar este recurso con la participación de las partes involucradas.

El caso

El Ministerio Público investiga a José Arriola junto a otros legisladores de Acción Popular por una presunta vinculación con la organización criminal conocida como “Los Niños”, la cual habría estado encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo con la tesis fiscal, los parlamentarios habrían votado en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros del régimen de Castillo Terrones, así como a favor de cuestiones de confianza a cambio de pedir “beneficios ilícitos”, como la colocación de allegados en entidades del Estado.