Predictamen que busca modificar ley sobre fiscalización a oenegés tiene una "intención política", advirtió la directora de Oxfam

Alejandra Alayza, directora del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam), señaló que tiene una intención política el predictamen que busca modificar la ley sobre la fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos de la cooperación internacional.

“Una norma de esta naturaleza, tal como está este dictamen, realmente generaría una incertidumbre y una inseguridad jurídica para la propia cooperación técnica. Mi impresión es que esta pauta tiene mucha más de intención política, que valoración técnica de una norma”, dijo a RPP.

En la Rotativa del Aire, la representante de Oxfam en Perú calificó como “discriminatorio” el predictamen y señaló que representa la intención de algunos grupos políticos contra organizaciones que vienen fiscalizando y denunciando temas de corrupción, entre otros, que resultan muy incomodos.

“Yo creo que este dictamen representa la emoción y la intención de algunos grupos políticos en relación a organizaciones que vienen fiscalizando y denunciando temas de corrupción, entre otros, que resultan muy incomodos. El problema es que hacer una modificación a toda la ley de cooperación internacional, cuando lo que se busca es tener acciones dirigidas es absolutamente discriminatorio”, agregó.

Ley anti ONG

Con 12 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presida por Alejandro Aguinaga, aprobó -el pasado 5 de junio- el predictamen que busca modificar la legislación sobre la supervisión y fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Perú.

Esta iniciativa señala que se pretende realizar algunas variaciones a la Ley 27692 (Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI), “a fin de fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir a la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades de la cooperación técnica internacional”.

La Comisión de Relaciones Exteriores ha defendido la iniciativa al señalar que   existen “vacíos legales” en la mencionada normativa, que “no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias” como las oenegés.

También se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando “influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional”.

Para Alejandro Aguinaga, esta iniciativa busca transparentar el dinero que ingresa al país a través de la cooperación internacional.

A modo de ejemplo, señaló que hay casos de oenegés que se registran para “actividades de desarrollo”, pero que al final terminan realizando “activismo político”.

Asimismo, indicó que la normativa se sustenta en otras que rigen en el extranjero, como Estados Unidos, con su Ley FARA que “exige que los agentes de mandantes extranjeros, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero”.

“Si un proyecto viene para ambientalismo, no puede usarse o desviarse hacia fines políticos, que es lo que ha venido aconteciendo en el país. Los modelos democráticos buscan la transparencia de los recursos provenientes de entidades extranjeras, a fin de salvaguardar posibles amenazas”, sostuvo en La Rotativa del Aire.