Expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador: juicio político a autoridades electorales "podría ser utilizado como amenaza"

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, se refirió a la propuesta planteada desde el Congreso de la República para incluir a las autoridades de los organismos electorales dentro de los alcances del juicio político. 

El tema ha sido planteado en el Parlamento mediante proyectos de ley a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que hace referencia a los procedimientos de antejuicio y juicio político que alcanzarían al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y, vía reforma, a los demás miembros del Pleno de este organismo electoral.

Aguinaga sostuvo que la posibilidad de someter a las autoridades del Sistema Electoral a procesos de juicio político, como sí se contempla en el caso ecuatoriano, ha sido empleada para amenazar a los titulares de organismos electorales, afectando su autonomía frente a otros poderes del Estado.

El extitular del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador explicó que la labor de organismos electorales “se ve afectada a veces por presiones del poder público, entre ellos el Ejecutivo y el Legislativo; así como de “organizaciones políticas insatisfechas” por los resultados en un reciente proceso electoral. Precisó que esta situación se agravó en los últimos años con el manejo de plataformas digitales, redes sociales, campañas de desprestigio, 'fake news' y el  ataque a los entes que conforman el Sistema Electoral.

“En el caso ecuatoriano siempre fuimos sujetos, sometidos a este proceso de juicio político. Se ha utilizado este tema para amenazar a los miembros, afectar la independencia. Esto sí afecta bastante a la estabilidad y la independencia de la organización electoral”, dijo a RPP Noticias a propósito de su llegada a Perú para participar del seminario "La independencia de los organismos electorales", organizado por la Mesa de Gobernanza Electoral.

Sobre los estándares internacionales

Respecto a este tema, Aguinaga indicó que, en enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció importantes estándares vinculados al tema en una sentencia basada en su propia experiencia. El caso desarrolló el cese arbitrario -por parte del Congreso Nacional- que sufrió el exfuncionario en el 2004 cuando era vocal del Tribunal Supremo Electoral. El retiro en el cargo también se extendió a otros vocales de la citada entidad y miembros del Tribunal Constitucional.

En su resolución, la Corte IDH determinó que en la destitución de Aguinaga se afectó su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, y su derecho a la estabilidad laboral, como parte de su derecho al trabajo, entre otros aspectos.

“¿Qué se debe tener [en cuenta cuando se evalúa aprobar un antejuicio político]? El derecho de acceso a ocupar el cargo, pero este derecho va vinculado con el derecho de permanecer el tiempo que uno está designado. Tercero, un proceso de selección adecuado y un proceso de destitución adecuado. Tiene que estar reglado, tiene que haber unas causas, tiene que haber un órgano competente jurisdiccional, no político que sea el que juzgue estas políticas porque también pueden presentarse también una conducta que esté fuera del marco normativo, legal, pero juzgar políticamente es un riesgo porque ahí vienen las mayorías”, señaló.

En ese sentido, Aguinaga manifestó que una mayoría política puede impulsar un proceso de este tipo con miras a una posible destitución “inventando cualquier causa a órgano electoral”. Este escenario, dijo, produce “una inestabilidad en el sistema y se afecta la credibilidad democrática y la institucionalidad”

“Lo que deben hacer nuestros países es pensar en unos procesos rigurosos de fiscalización, de auditoría a los miembros que están en los organismos electorales y si hay un incumplimiento grave, muy grave. Tiene que haber un órgano jurisdiccional que dictamine, previo las garantías del debido proceso, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Carta Democrática de la OEA, obviamente ahí sí. Tampoco podemos admitir organismos o integrantes de organismos electorales que sean intocables”, indicó.