Elecciones 2022: ¿Qué dice la ley electoral sobre las capacitaciones de los partidos y el pago a sus líderes?

El programa dominical Punto Final ha revelado recientemente que los partidos políticos Renovación Popular, Somos Perú y Perú Libre han empleado el dinero obtenido por el financiamiento público directo para pagar los servicios de media training, consultorías y los salarios de sus dirigentes.

De acuerdo con información del dominical, el partido liderado por Rafael López Aliaga ha consignado, en su rendición de cuentas del periodo enero-junio de 2022, que ha gastado S/ 226 650 por el servicio de ‘coaching’ del exparlamentario Julio Gagó, quien actualmente participa como jefe de campaña del candidato a la Alcaldía de Lima.

Renovación Popular también abonó en mayo un promedio S/207 000 en favor de José Malpartida, productor del programa conducido por Andrés Hurtado, por un servicio de 'media training'.

Mientras tanto, el programa dominical reveló que Somos Perú y Perú Libre registran pagos fijos a sus líderes. Por ello, Vladimir Cerrón y Patricia Li recibieron una remuneración mensual de S/ 12 500 y S/ 15 000, respectivamente.

Ante la denuncia periodística, el jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que el ente electoral investigará el uso que le dan los partidos políticos a los fondos que reciben.

A pesar de las explicaciones de Renovación Popular y Perú Libre, surgen preguntas respecto al uso que le están dando las agrupaciones políticas a los fondos públicos que reciben. ¿Es irregular pagarles a sus dirigentes? ¿Cuáles son los parámetros para contratar asesorías? Estas interrogantes las resuelve RPP Noticias tras conversar con especialistas.

¿Qué dice la ley?

En entrevista con RPP Noticias, el especialista en derecho electoral, José Tello, recalcó que, según el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, el financiamiento público directo establece que los partidos políticos pueden gastar los fondos en dos rubros: administrativos y capacitaciones.

Acotó que los gastos administrativos corresponden a compras, arrendamiento de locales, pago de planillas; mientras que las capacitaciones, que es el punto "donde más dinero se debería gastar", consisten en consultorías, estudios de especialización y el uso de herramientas informáticas.

En ese sentido, Tello consideró que Renovación Popular, al gastar casi medio millón de soles en las asesorías de Julio Gagó y José Malpartida, no infringió la normativa, debido a que la ley establece la inversión del monto asignado a las capacitaciones.

Sin embargo, consideró que la ONPE, que es la entidad encargada de distribuir los fondos, debería establecer parámetros para la adquisición de este tipo de servicios; es decir, si la persona o institución cumple con las condiciones.

“Por ejemplo, uno escucha al señor Rafael López Aliaga decir que Gagó es coaching [porque] vende sus fotocopiadoras. La pregunta es: ¿eso le hacer ser coaching? Es público lo que [López Aliaga] ha dicho. Alguien del partido debe aclarar si [Gagó] es una persona calificada. Hay varios coachings conocidos que podrían cobrar ese importe, ¿el señor [Gagó] reúne las características, las experiencias y el roce internacional?", aseveró.

Gastos en asesorías no son irregulares, pero hay un uso arbitrario

Tras descartar que los excesivos gastos en consultorías se traten de temas ilegales, José Tello afirmó que, en los últimos años, se ha visto un uso 'arbitrario' de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.

“Legalmente está bien, pero los parámetros se hacen agua y no hay criterio. Podría decirse que es un uso arbitrario del recurso público. Están gastando el dinero como se les da la gana, y eso está mal. No es un tema de delito, sino de un uso antojadizo y arbitrario”, aclaró.

A su turno, Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, consideró que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE deberá determinar si es que Renovación Popular empleó adecuadamente los recursos y si es que Gagó y Malpartida reúnen las condiciones para haber prestado los servicios de ‘coaching’ y ‘media training’, respectivamente.

“[Si los fondos fueron bien empleados] eso lo debe determinar la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, que es la que debe examinar a dónde ha ido el dinero y si las personas que han sido contratadas para las capacitaciones han cumplido [los requisitos] o si están las condiciones para la actividad”, señaló.

En ese sentido, Jáuregui coincidió con Tello al mencionar que “hay vacíos e imprecisiones” en la norma respecto a las capacitaciones que contraten las agrupaciones políticas.

“Si se asignan recursos que son subsidio del Estado, porque el financiamiento público directo es un subsidio, es coherente que haya un marco razonable para justificar el gasto”, precisó.

 

¿Es legal pagarles a los líderes de los partidos con el dinero del financiamiento público directo? 

En otro momento, el especialista José Tello afirmó que los pagos a los líderes de un partido, en este caso a Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Patricia Li (Somos Perú), forman parte de los gastos administrativos contemplados en la norma. Indicó que el tema se ha politizado y negó que se trate de un hecho irregular.

“[Los sueldos] se entienden dentro de los gastos administrativos. Tú pagas a un vigilante, un tesorero, un administrador o al secretario general del partido; no hay impedimento”, aseveró.

No obstante, insistió en la necesidad de que la ONPE establezca parámetros y reglas claras para esta clase de pagos, a fin de evitar más controversias en el futuro.

“Si vas a contratar personal, tienen que haber reglas claras para su contratación y topes salariales. La señora Li podría ganar S/ 8 000 o S/20 000, no hay nada específico en torno a eso. Es ahí donde tenemos que corregir”, sentenció.

“Lo que tiene que hacer la ONPE es mejorar su reglamentación y, sobre todo, el uso de recursos públicos”, agregó.

Mientras tanto, Jorge Jáuregui remarcó que la idea del financiamiento público directo es fortalecer a los partidos políticos con representación congresal, por lo que se mostró en desacuerdo que Perú Libre y Somos Perú empleen esos recursos en el pago de sus dirigentes.

“A mi juicio, no es posible usar el financiamiento público directo de los partidos para remunerar o pagar en forma permanente a las dirigencias, esa no es la idea…”, manifestó.

“La idea es que se puedan emancipar del financiamiento privado, de los grandes donantes del partido y se pueda tener un [mejor] nivel de organización”, puntualizó Jáuregui.