Dina Boluarte pide reprogramar su citación fiscal para declarar por muertes en protestas

La presidenta Dina Boluarte señala que el 31 de mayo, fecha de la citación fiscal, se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro; por lo que pidió reprogramar la diligencia para el día siguiente.

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Jefa de Estado es investigada por el presunto delito de genocidio. | Fuente: Andina

La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió al Ministerio Público reprogramar la fecha de su citación para responder por el saldo de más de 50 fallecidos que dejó la jornada de movilizaciones en contra de su gobierno, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

La citación de la jefa de Estado, investigada por el presunto delito de genocidio, había sido programada para el miércoles 31 de mayo, a partir de las 09:00 a.m., en la sede del Ministerio Público; sin embargo, la mandataria solicitó hoy aplazar la cita para el día siguiente.

En un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Boluarte Zegarra explica que el cambio de fecha se debe a que el día de la citación coincide con el Simulacro Nacional Multipeligro 2023 que se realizará a nivel nacional.

"De este modo, solicito se reprograme la diligencia para el día siguiente, 1 de junio, a fin de que se lleve a cabo de forma ininterrumpida y se garantice el pleno ejercicio de mi derecho a la defensa", se lee en el documento.

Mientras tanto, Joseph Campos, abogado de la mandataria, comentó que era indispensable la presencia de la jefa de Estado en el simulacro, en un contexto en que se advierte la llegada del fenómeno Niño Costero.

Así, el letrado se mostró confiado en que la Fiscalía aceptará la solicitud de Boluarte Zegarra. “Yo creo que el Ministerio Público va a comprender”, señaló. 

Pide celeridad en las investigaciones

Previo a la solicitud de la presidenta, el abogado Joseph Campos recalcó que el Poder Ejecutivo ha pedido celeridad al Ministerio Público en las investigaciones sobre el saldo de al menos 60 fallecidos que dejó la jornada de protestas en el país, sobre todo en las regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho.

“El Ejecutivo ha exhortado que cada institución haga su tarea para que se establezca quién se está demorando o quién no lo está haciendo. La investigación se debe desarrollar con objetividad y en el marco de las competencias de cada poder”, aseveró.

Si bien insistió en la inocencia de su clienta, el letrado señaló que la investigación preliminar tiene un alto costo político para Boluarte Zegarra a nivel nacional e internacional, en un contexto en que los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) han cuestionado la legitimidad del gobierno peruano.

 “Estamos insistiendo en definir este asunto, porque políticamente sí hay un costo adentro y fuera del país, a estos señores que utilizan su condición presidencial [se refiere a AMLO y a Petro] para establecer que en el Perú no hay una democracia o hay un gobierno genocida”, precisó.

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