por Redacción RPP
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En 2019, el Club Apurímac perdió su licencia de funcionamiento, pero con el trámite, firmado por Dina Boluarte, logró reaperturar su bar, su peña y su salón de eventos.
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Tras el informe de la Contraloría de la República, que señala que Dina Boluarte firmó varios oficios para regularizar asuntos registrales del Club Apurímac cuando ya ejercía funciones públicas, lo cual infringe el artículo 126 de la Constitución Política, han salido a la luz nuevos documentos que muestran que la vicepresidenta del Perú utilizó su nombre y firma para hacer gestiones con la Municipalidad de Lima.
De acuerdo al expediente de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, obtenido por Epicentro TV, el Club departamental solicitó su licencia de funcionamiento, que tres años atrás había sido revocada por la autoridad edil por quejas del vecindario.
El documento indica que se inició la gestión el día 7 de abril y consigna el nombre y la firma de la representante legal, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta del Perú.
El 16 de mayo último, la Municipalidad de Lima le otorgó al Club Departamental Apurímac la anhelada licencia de funcionamiento para su bar, su peña y su salón de eventos. Cabe anotar que esta había sido revocada en 2019, durante el segundo período de Dina Boluarte como presidenta de esa entidad privada.
Boluarte no consignó intereses familiares
Un reporte de la Contraloría General de la República indica que Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría incurrido en infracción constitucional al integrar los consejos directivos del Club Departamental Apurímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
Además, Boluarte no habría consignado en sus declaraciones juradas de intereses que dos familiares suyos, su hermano y su cuñado, fueron contratados por el Estado y recibieron sueldos por más de 50 mil soles. Asimismo, la vicepresidenta, según la Contraloría, no reportó los datos laborales de 8 familiares "dentro del segundo grado de afinidad", tal como señala la ley.
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