Abogado de Pablo Sánchez califica de "arbitraria" la suspensión que impuso la JNJ contra el fiscal supremo

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó hoy, por mayoría, suspender por 120 días al fiscal supremo Pablo Sánchez por haber incurrido en una falta grave al cobrar tres sueldos del Estado, entre setiembre de 2020 y julio de 2021.

La consejera y ponente del caso María Zavala, quien se encargó de elaborar el informe que recomendó la suspensión, señaló que Sánchez percibió un salario como fiscal supremo, otro como profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y un tercero como miembro del Consejo Directivo de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG).

A horas de conocerse el veredicto de la JNJ, Roberto Pereira, abogado de Pablo Sánchez, calificó de “arbitraria” la decisión y señaló que carece de “respaldo legal” y de “criterio de proporcionalidad y razonabilidad”.

En el programa ‘Las Cosas como Son’, el letrado alegó que, según establece la Constitución, su patrocinado sí podía recibir remuneraciones por su función como fiscal y profesor universitario. No obstante, negó que el pago por su participación en la AMAG configure como un sueldo del Estado.

Pereira explicó que Sánchez participó en la AMAG, pero por cada sesión percibió una dieta, que, explicó, no es similar a un salario.

“Una dieta no es una remuneración, es un concepto distinto tanto en la ley como en la doctrina, porque no supone una contraprestación por un servicio estable remunerado y de un cargo público”, declaró.  

Para la defensa legal, el Pleno de la JNJ ha hecho una “analogía inaceptable” entre una dieta y una remuneración.

“Este criterio de asignar la dieta a los representantes del Ministerio Público en la Academia de la Magistratura, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que ocurrió fue que el Ministerio de Economía cambió de interpretación en relación de percibir esa dieta… desde entonces el Dr. Sánchez no volvió a percibir”, agregó.

Por último, Pereira dijo que se evalúa presentar un recurso de reconsideración ante la JNJ; o eventualmente acudir al Poder Judicial para revocar la suspensión.