Colectivos y organizaciones sociales marchan en Lima y exigen justicia por los muertos en protestas contra Dina Boluarte

Estudiantes universitarios, colectivos feministas, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores marcharon este sábado por las calles del centro histórico de Lima, exigiendo la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y justicia por los muertos y heridos en las protestas que sacudieron el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Portando banderolas y carteles con mensajes como "Que se vayan todos", "Mi voz no mata, tus balas sí. Protestar es un derecho", "Fuera Congreso corrupto" y "Justicia para las víctimas de las masacres", los manifestantes se congregaron en las plazas Dos de Mayo y San Martín, y marcharon hacia el Congreso de la República para expresar su rechazo a ese poder del Estado, cuya impopularidad, de acuerdo con la última encuesta de CPI, alcanzó este mes el 91.7 %.

"Este Congreso ya no nos representa. Están aprobando leyes de impunidad para librar a asesinos que masacraron en los 80 y 90, y seguramente están pensando en promulgar leyes para que esto quede en la impunidad", cuestionó Yovana Mendoza Huarancca, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.

La activista social afirmó enfáticamente que este domingo, en el que el país celebra 203 años de independencia nacional, no hay nada que festejar, ya que "el Perú está de luto y duelo porque el Congreso está matando la democracia y los derechos humanos".

Las palabras de Mendoza Huarancca coinciden con las denuncias planteadas por organizaciones no gubernamentales sobre el lento avance del proceso de investigación penal respecto a las violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. De hecho, las pesquisas del Ministerio Público apenas están en la fase de investigación preparatoria. El Equipo Especial de Fiscales para casos de Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) ha informado que actualmente tiene 62 carpetas fiscales abiertas, involucrando a un total de 324 personas, de las cuales 285 son policías y 39 son militares.

En la marcha pacífica, siempre escoltada por efectivos policiales, también se lanzaron críticas contra la mandataria Dina Boluarte, de quien dijeron "no representa a ninguna mujer". "Hay joyas, hay Rolex y el pueblo sigue pobre", gritaban las manifestantes en alusión a los relojes de alta gama que, según aseguró la actual jefa del Estado, le prestó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Demandan celeridad en las investigaciones

Posteriormente, los asistentes se trasladaron al Palacio de Justicia, donde las delegaciones de las regiones de Apurímac, Puno, Cusco y Ayacucho participaron en una vigilia frente a la sede principal de la Corte Suprema de Justicia. Entre gigantografías y fotos de las víctimas de la represión, colocadas sobre el pavimento y acompañadas de velas y flores, sus familiares exigieron justicia y memoria.

Raúl Constantino Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de la región de Puno, pidió una investigación más rápida sobre el papel de los altos mandos policiales y militares durante los trágicos episodios. "Queremos que se investigue a toda la cadena de mando, pero con prisiones preventivas, porque así es como tratan al pueblo. Cuando el pueblo comete un delito, inmediatamente piden prisiones preventivas, pero estos señores están en libertad", dijo en una entrevista a Epicentro TV.

En la marcha también estuvieron presentes agrupaciones políticas y dirigentes como la abogada y extitular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y las parlamentarias Ruth Luque y Sigrid Bazán. “[Estamos movilizándonos] contra esta mafia corrupta compuesta por Boluarte y sus socios del Congreso que, en este momento, están destruyendo la democracia y han provocado que este país esté de luto de manera permanente”, señaló Vásquez Chuquilín.