por Redacción RPP
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La intervención fiscal se realizará durante 18 días, del 30 de mayo al 22 de junio del presente año. Los trabajos estarán a cargo de los fiscales especializados del caso y de los peritos expertos del Equipo Forense Especializado.
El fiscal provincial Luis Enrique Valdivia Calderón, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, dispuso hoy viernes el inicio del Plan de Intervención Forense en la fosa ubicada en Cieneguilla, relacionada al emblemático caso La Cantuta, cuyos hechos se remontan al primer gobierno de Alberto Fujimori.
En ese sentido, durante 18 días entre el 30 de mayo y el 22 de junio de este año, se realizará la búsqueda de posibles restos óseos de las víctimas en la denominada “Fosa 02 – Cieneguilla” ubicada en la Quebrada Chavilca (altura km 16.5 carretera Lima – Cieneguilla). Los trabajos estarán a cargo de los fiscales especializados del caso y de los peritos expertos del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
Según anunció el Ministerio Público, el inicio y ejecución del Plan de Intervención Forense ha sido posible "gracias al apoyo y trabajo coordinado" entre la Fiscalía, el EFE, la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y, sobre todo, los familiares de las víctimas que, hasta el día de hoy, exigen "verdad, justicia y reparaciones dignas para ellos y los suyos".
Las diligencias tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Supranacional en el caso La Cantuta, y lograr la identificación de las víctimas como parte de las exigencias que sus familiares vienen haciendo desde hace casi 30 años.
Los hechos
El 18 de julio de 1992, efectivos militares del llamado grupo Colina, ingresaron a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta”, procediendo a detener a nueve estudiantes y a un profesor de dicha casa de estudios, luego de lo cual trasladaron a los detenidos a un lugar de la carretera Ramiro Prialé, donde fueron ejecutados. Días después, acudieron a dicho lugar para desenterrar los cadáveres y trasladarlos a un paraje de la quebrada Chavilca en Cieneguilla, donde dejaron los cuerpos de las víctimas.
Los hechos fueron de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, en noviembre del 2006, emitió sentencia determinando la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos contenidos en la Convención Americana en agravio del profesor Hugo Muñoz Sánchez, y los nueve estudiantes Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana, todos detenidos durante la referida incursión del grupo Colina en la Universidad “La Cantuta”.
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