"No podemos guardar silencio": Asociación de Jueces pide a la Corte Suprema pronunciarse sobre los proyectos aprobados por el Congreso

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) solicitó al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, convocar a la Sala Plena de la Corte Suprema para que se evalúe y se emita un pronunciamiento “en defensa de la independencia judicial” sobre una serie de reformas que emprende el Congreso de la República.

“No podemos guardar silencio al pretender sometérsenos y destruir la democracia, así como el Estado Constitucional de Derecho, siendo su defensa una obligación fundamental de todo juez; por lo que también deben interponerse las demandas de inconstitucionalidad contra las cuestionadas leyes”, demandó en una carta remitida este lunes.

La agrupación criticó el proyecto que modifica la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, que fue aprobado, en primera votación, el último viernes por el Parlamento y que establece, según enfatizó Jusdem, “que es falta muy grave el dictado de detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria si fueran revocadas, extendiéndose las sanciones a los fiscales”.

“Pretende agravarse el delito de prevaricato por dicho motivo con pena privativa de libertad de 10 a 15 años e inhabilitación, criminalizando el criterio jurisdiccional y violando el principio de independencia judicial previsto por el artículo 139.2 de la Constitución”, advirtió.

"El Poder Judicial sometido deja de ser un poder"

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia hizo hincapié que el Congreso “ha votado trece proyectos de ley para modificar el Código Procesal Constitucional, prohibiendo las medidas cautelares y actuaciones inmediatas del fallo cuando este sea demandado, creando una zona exenta de control”.

“Ha modificado la regla de votación de los procesos competenciales variando el quorum de 5 a 4 votos para favorecerse como demandante. También, busca obligar a los jueces a aplicar solo las sentencias de la Corte IDH en las que el Perú haya sido parte, restringiendo el efecto de la res iudicata y res interpretata y afectándose los derechos colectivos y difusos de comunidades campesinas y nativas, grupos LGTB entre otros”, mencionó.

Asimismo, alertó que el Parlamento, cuya gestión, de acuerdo con la reciente encuesta de Datum, es descalificada por el 88 % de los peruanos, pretende “prohibir la facultad de control difuso de los jueces, que permite a los jueces hacer prevalecer la Constitución frente a leyes inconstitucionales conforme a su artículo 138 y en aplicación del principio de separación de poderes”. 

“Sin esta cláusula pétrea, el Poder Judicial sometido deja de ser un poder”, añadió.