Pleno del Congreso rechazó informe que planteaba inhabilitar a Aníbal Torres por 10 años

El pleno del Congreso rechazó acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres por realizar sesiones descentralizadas “sin marco constitucional y legal” y azuzar contra el Parlamento durante la gestión de Pedro Castillo.

Este proyecto de resolución legislativa culminó con 55 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones; por lo tanto, no fue aprobada al no alcanzar los dos tercios requeridos, es decir, 67 votos.

En ese sentido, la Representación Nacional rechazó acusar al ex primer ministro por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución y los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelón, sedición o motín, omisión de resistencia a la rebelión, entre otros.

El informe final de la denuncia constitucional 290 fue sustentado por la titular del Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), y la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, quien es la delegada del caso. La propuesta fue aprobada previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.

El origen de la denuncia

La denuncia constitucional fue presentada en agosto del 2022 por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, por las declaraciones del ex primer ministro en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que criticaban al entonces gobierno de Pedro Castillo.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, clamó Torres.

Durante su intervención en el pleno, el expremier señaló que sus expresiones estuvieron amparadas en la libertad de expresión y, además, dijo que “no se ha tenido en cuenta” cuando, durante la campaña presidencial del 2021, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió la muerte del entonces candidato Pedro Castillo y del ahora prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Está dentro de mi derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución y los tratados internacionales. Todos los peruanos tenemos derecho a movilizarnos pacíficamente, y lo he dicho una y otra vez, para defender la democracia y el Estado de derecho”.