La adjunta de la Defensoría del Pueblo en Ucayali advirtió que hay "serias debilidades" en el sistema de protección a menores del Estado y que, en lo que va del año, hay más de 500 niñas y adolescentes en esa región que fueron víctimas de agresión sexual
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El pasado jueves, un reportaje del medio Epicentro reveló que un psicólogo del Ministerio de la Mujer (MIMP), identificado como Luis Ángel Yacila Ortega, habría violado y embarazado a una menor de 13 años que estaba a su cargo como funcionario de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali.
Al respecto, el último viernes, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de detención preliminar contra el presunto agresor, y dispuso su captura inmediata, pues se encuentra en calidad de no habido.
Sobre este caso, Hellen Vela, comisionada de la Defensoría del Pueblo en dicha región, señaló que su institución se encuentra realizando un monitoreo permanente de la asistencia psicológica y física que viene recibiendo la víctima. Además, advirtió de la preocupante incidencia de casos de agresión sexual contra niñas y adolescentes de Ucayali.
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"Los casos están normalizados"
La representante de la Defensoría indicó que este es un caso paradigmático de la situación en Ucayali, puesto que los padres de la adolescente agraviada no habrían denunciado los hechos, porque estos delitos "están normalizados".
"Ni la familia ni las autoridades en el caserío han denunciado este hecho, nadie. Para ellos, todo esto está normalizado, es una conducta que se repite en lugares más alejados de Ucayali", indicó en La Rotativa del Aire.
"La violencia sexual hacia niñas y adolescentes está muy normalizada y esto tiene que acabar, se deben tomar acciones serias desde el Estado para garantizar la protección de niñas y adolescentes", agregó.
Asimismo, advirtió de "serias debilidades" en el sistema de protección de menores que tiene el Estado a nivel nacional.
"Hay serias debilidades en todo el sistema de protección a la niñez. En febrero de este año, la menor ingresó por presunta desprotección, y en mayo, por disposición del Juzgado Civil de Yarinacocha, se ordena que retorne a su familia de origen al no haberse evidenciado su situación de desprotección", aseveró.
"Ahí hubo muchos cuestionamientos y debilidades del mismo sistema, porque no sabemos qué es lo que realmente (se determinó) en el fondo de la investigación por presunta explotación sexual. Posteriormente, desde mayo hasta octubre, se ha vuelto a iniciar el proceso por desprotección a raíz de estos hechos", añadió.
Cabe precisar que el portal Epicentro reveló que la adolescente agraviada ingresó al sistema del UPE Ucayali, tras ser víctima de presunta explotación sexual por parte de su padrastro. Por ello, la comisionada de la Defensoría señaló que "también ha recabado toda la documentación para saber la condición en que se encontraba la adolescente".
Finalmente, subrayó que en Ucayali, entre enero y septiembre de este año, más de 500 niñas y adolescentes fueron víctimas de agresión sexual.
"Debe haber una respuesta efectiva del Estado para prevenir este tipo de casos. Actualmente, estamos insistiendo como Defensoría del Pueblo para que se garantice la atención integral de la salud de la adolescente, teniendo en cuenta su estado de gestación, lo cual es muy preocupante", resaltó.
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