Minería ilegal, sangre y muerte en Pataz: las trágicas cifras que nos deja la pelea por el oro en La Libertad [Crónica]

En el distrito de Pataz, en la sierra de La Libertad, el oro brilla, pero por su ausencia. Veinticuatro horas nos movimos por un valle de caminos en forma de serpiente, sin asfaltar, pasando por las entradas a los socavones donde entran los mineros para extraer el preciado metal; con entradas enrejadas y vigilantes atentos ante cualquier peligro. "Hoy en día invertimos 24 millones de soles solo en seguridad", nos cuenta nuestro guía, uno de los gerentes de minera Poderosa, que cuenta en los últimos tres años 18 muertes: 16 trabajadores, un supervisor y un minero artesanal. Él no quiere ser filmado ni que se mencione su nombre.

En este lugar, donde se encuentran los campamentos de la mina, no pareciera existir la ley. A pesar del estado de emergencia en el que se encuentra la zona, las tropas del Ejército y la Policía (quienes son alojados en el campamento de la propia minera formal) han ido disminuyendo con el paso de las semanas. "Ahora mismo tenemos contratadas [hasta] cuatro empresas que nos brindan seguridad", agrega el gerente sin nombre. En este viaje no veremos oro, pero conoceremos lo que produce en el ser humano, precisamente, sus consecuencias en quienes dedican su vida (y la muerte) a extraer este metal.

Entre 2017 y lo que va de este año se han registrado en el distrito de Pataz más de 600 atentados contra el personal que extrae oro de manera formal. Estos ataques se realizan con armas de fuego (desde pistolas hasta metralletas) dentro de las minas luego de hacer explotar las torres de luz que rodean el lugar utilizando bombas elaboradas de manera artesanal.

Entramos a una sala, nos brindan información y muestran las fotos. Los llaman "parqueros". Son hombres, incluso algunos menores de edad, contratados por mineras informales (entiéndase ilegales) para extraer oro. Van 'chalequeados' por otros que portan las armas.

Cuando se encuentran, formales e informales, pueden pasar muchas cosas. La peor, un baño de sangre. La más benévola, tomar rehenes, hacerlos trabajar hasta que la seguridad de la minera formal logre reingresar al socavón que explotaron y soltarlos antes de hacer volver a volar el lugar con dinamita. Los trabajadores capturados reciben balazos a quemarropa como 'mensajes' para los jefes, papeles con amenazas escritas, mensajes de WhatsApp. "Conozco a tu familia, déjanos trabajar", les dicen.

Son 18 muertos y mayor es la cantidad de heridos, mutilados por los explosivos, además de un grupo de trabajadores que, debido a las heridas sufridas durante algún encuentro, no podrán trabajar más en sus vidas. Los culpables están identificados, pero... ¿están presos?

Minería e impunidad

"Tenemos más de 670 detenidos en menos de dos años", nos comenta el gerente de la mina Poderosa. "Pero, lamentablemente, a las 48 horas están libres porque no hay elementos de convicción para una prisión preventiva a pesar de que están en flagrancia por el uso de armas y explosivos de forma ilegal", agrega. 

Pataz es una muestra. Un vistazo a un universo más grande en el que existen más de 7 mil denuncias por minería ilegal en todo el Perú y solo 285 han tenido sentencia.

El distrito de Pataz está ubicado en una montaña, no hay comisaría. La más cercana está bajando, a 30 kilómetros, al costado de una posta que acaba de inaugurar su segundo piso. La provincia, del mismo nombre, está conformada por más distritos que se ven de una montaña a otra, en un valle dividido por un río afluente del Marañón.

De un lado al otro, RPP Data pudo identificar hasta una decena de campamentos de mineros "artesanales" o "informales", comillas del gerente de minera Poderosa, que nos explica que un minero artesanal no puede tener los tractores carísimos que observamos. Y que también han visto las autoridades que han visitado la zona. ¿Quiénes han estado en Pataz para proponer soluciones a esta situación?

"El Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, algunos ministros de Defensa, del Interior, Energía y Minas"... los enumera el gerente que nos guía. Ninguno de ellos, agrega, tuvo (o tiene) la voluntad política para entender que "lo que estamos viendo son mineros ilegales coludidos con el crimen organizado". No sin antes reconocer que dentro de todo este grupo sí existen "mineros informales que quieren formalizarse". Dato: minera Poderosa trabaja con decenas de mineros artesanales de manera oficial. Número que ha ido disminuyendo porque varios "se pasaron al lado oscuro" y ahora trabajan con los ilegales.

Varios mineros ilegales están identificados

La minera Poderosa ha identificado a casi 40 dueños de minas ilegales que operan solo en Pataz. Pero estiman que, en total, existen más de doscientos socavones desde donde se extrae oro ilegalmente. Cuando una excavación legal se encuentra con una ilegal; o incluso cuando dos operaciones ilegales se cruzan, todos armados, bajo tierra, ocurre la tragedia.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios Sobre la Violencia, comenta a RPP Data que "en este momento ya no es solamente cuestión de [tener] presencia efectiva de la Policía y la Fiscalía [en lugares como Pataz], sino tener equipos especiales dedicados a monitorear, observar e investigar quiénes son los actores criminales y quiénes se dedican al crimen organizado y quiénes a la minería ilegal".

Pese a tener identificados a los mineros ilegales de la zona de Pataz, desde 2018 se han realizado 235 denuncias, pero solo se ha dictado una sentencia. Los permisos para construir una comisaría en el distrito de Pataz demoraron en salir dos años, las bases recién se están construyendo, pero creen que sea suficiente sin la presencia del Ministerio Público ni el Poder Judicial en la zona.

¿Cuánto cuesta el medio ambiente?

Durante el recorrido RPP Data comprobó también que los desechos de las minas ilegales son tirados al río, provocando un daño ambiental grave. César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, señala que esta actividad "no solamente afecta a los formales, sino toda la sociedad". Y añade que "si el Estado y la ciudadanía no empiezan a entender que están llevando al poder a ilegales a tomar decisiones sobre todos, sencillamente estamos cada vez peor".

No menos importante, Ipenza recuerda que "ya hemos visto que las distintas autoridades electas están representando los intereses de los [mineros] ilegales en la toma de decisiones y esto afecta el bienestar de cada uno de nosotros, los ciudadanos de a pie".

El especialista se refiere, por supuesto, a un tema que hemos tratado en diversas notas e informes y tiene que ver con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que, en resumidas cuentas, busca extender la "licencia" para que los mineros informales (el 80% con el registro vencido y, según especialistas, ilegales 'camuflados') puedan seguir operando. Esto está a cargo del Congreso de la República, cuyo actual presidente, Eduardo Salhuana, ha sido cuestionado por sus nexos con sectores de la minería ilegal, de acuerdo con la Procuradoría. De hecho, fue uno de los promotores para que los permisos para extraer oro que otorga estar en el REINFO, aunque sea con la licencia vencida, siga extendiéndose.

Pero esa es otra historia. Terminamos el día en uno de los campamentos de la mina y responden nuestras preguntas. ¿Cuánto dinero está en juego? ¿Cuánto vale la vida de peruanos trabajadores? ¿Cuánto vale la contaminación del medioambiente?

El metro cuadrado de terreno en el distrito de Pataz puede costar mil dólares. Un socavón hasta 2 mil. Una mina en puede valorizarse hasta en 10 millones de soles. En los últimos 6 o 7 años, camiones con alrededor de 700 mil toneladas del metal dorado (extraído ilegalmente) han salido del lugar sin que nadie diga o haga algo. Pareciera que en el Perú, todo tiene su precio.