La Libertad: ataques contra mina Poderosa han dejado más de 15 torres derribadas y 17 muertos, ¿cómo enfrentar esta situación?

Delincuentes derribaron durante la madrugada del miércoles, 8 de mayo, una torre de alta tensión que conecta el sistema nacional eléctrico nacional con la mina Poderosa. El atentado se registró en el caserío Santa Rosa de Zancobamba, ubicado en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

En un comunicado, la empresa minera detalló que el ataque – que se registra a un mes de un atentado similar en Pataz, donde rige un estado de emergencia – ocasionó que todas las operaciones de las unidades mineras Marañón y Santa María se queden sin energía.

La minera precisó también que el atentado contra esta torre se suma a una lista de cerca de 15 torres derribadas y 17 personas fallecidas, entre trabajadores y colaboradores, desde el 2022.

Poderosa expresó su preocupación por el reciente ataque, sobre todo porque la provincia de Sánchez Carrión colinda con Pataz, una zona que cuenta con más de 300 miembros de la Policía Nacional y del Ejército.

Mientras tanto, la Policía investiga a cinco presuntos responsables de hacer estallar la torre eléctrica, que está situada a siete kilómetros del centro minero Poderosa.

En Ampliación de Noticias, el expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, señaló que el atentado que se produjo en Sánchez Carrión no es un hecho aislado y culpó de esta situación al Congreso, por la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley 07278, que deroga la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607.

Quiroz Díaz se refiere concretamente al cambio de la norma dispuesta por el Ejecutivo para que la Policía Nacional enfrente la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Para el especialista, la decisión del Congreso ha obstruido el trabajo de la Policía para intervenir a los mineros que transportan explosivos sin contar con los permisos suficientes.

“Se eliminó la norma y hoy tenemos 16 torres derribadas por dinamita, porque a la Policía se le quita esa facultad”, cuestionó.

Mientras tanto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, señaló que desde el Congreso y el Gobierno “han hecho un esfuerzo por disfrazar al minero ilegal en minero artesanal”, a través de la prórroga para formalizarse en el REINFO.

“Lo que me sorprende es que no haya más torres derribadas ni más asesinatos. Es un estado de abandono en el que se encuentra La Libertad. Me sorprende la inacción desde la sociedad civil y las organizaciones que agrupan a las empresas mineras formales”, declaró.  

“Es la enésima que se ha prorrogado el REINFO y se le otorga esa facilidad al minero ilegal [para formalizarse]”, añadió.

El extitular del Mininter apuntó que esta “posición timorata” ocasiona que la minería informal gane terreno y se convierta en la principal amenaza de la minería formal, que – destacó – genera ingresos a las arcas del país.

“Los mineros ilegales están usurpando concesiones de proyectos grandes y comienzan a tener apoyo de candidatos que se sienten presidenciales y le dan un contenido ideológico a esta economía ilegal al llamarlos minería nativa versus minería trasnacional saqueadora”, precisó.

¿Cómo enfrentar este problema en La Libertad?  

Greco Quiroz alegó que el corredor minero de La Libertad, que inicia en Pataz y pasa por lugares como Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, tiene una sola zona de ingreso y salida que, lastimosamente, no cuenta con puestos de control policial.

“No existen puestos de control policial permanentes para [fiscalizar] esos casi 3 000 volquetes diarios que salen [de la sierra liberteña]”, aseveró.

El especialista sugirió la implementación no solo de puestos policiales, sino también de un puesto de control de insumos químicos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para fiscalizar los elementos químicos altamente contaminantes que se transportan por el corredor.

También consideró que debería existir un puesto de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

“Está comprobado que la minería ilegal tiene un pacto criminal de financiamiento de crimen organizado. No hay una separación, por eso invoco para que el Gobierno declare en emergencia toda la zona minera de La Libertad”, señaló.

Asimismo, pidió al gobernador regional César Acuña aplicar la ordenanza 011-2022, que establece la intervención de cada volquete que transite por el mencionado corredor.

“El gobernador no ha hecho nada”, lamentó.  

Por su parte, Rubén Vargas señaló que la SUNAT y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) deberían fiscalizar activamente a las diez plantas procesadoras que lavan el material aurífero extraído ilegalmente.

“Solo en Pataz, y esto por versión de los voceros de Poderosa, hay más de 1 300 camiones de alto tonelajes bajan de la franja costera para llevar este material a las plantas procesadoras”, dijo.