Rosalino Flores falleció en vísperas luego de permanecer hospitalizado dos meses por las graves lesiones que le dejaron los perdigones que recibió durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Cusco. Con su muerte se eleva a 67 la cifra de fallecidos durante las manifestaciones.
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Un grupo de ciudadanos realizaron este miércoles un plantón y vigilia en honor a Rosalino Flores Valverde, el joven que perdió la vida ayer luego de permanecer hospitalizado dos meses tras recibir perdigones por participar en una manifestación contra la presidenta Dina Boluarte en Cusco. Esta actividad se realizó frente a la sede del Poder Judicial en la región.
El joven se encontraba internado en un hospital de Lima, pero nunca pudo recuperarse de las graves heridas. Su cuerpo llegará en las próximas horas para ser velado.
Rosalino Flores era estudiante de gastronomía y resultó herido durante un enfrentamiento entre manifestantes con policías en la avenida 28 de Julio, en Cusco. El joven fue evacuado al hospital Antonio Lorena donde confirmaron que su cuerpo registraba lesiones por perdigón. Debido a la gravedad de su situación fue evacuado a Lima donde estuvo internado desde enero hasta marzo.
Los padres de Rosalino exigieron justicia por su muerte y también piden conocer al policía responsable que disparó los perdigones.
En lo que va del gobierno Dina Boluarte se registran 67 muertos. 50 corresponden a fallecidos durante enfrentamientos, uno de ellos es policía. Además, se reportan otras 17 víctimas mortales vinculadas a los bloqueos de vías.
EE.UU. advierte un "problema de impunidad"
Estados Unidos aseguró el pasado lunes que existe un "importante problema de impunidad" ante los abusos cometidos por la Policía Nacional durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte iniciado en diciembre pasado. Así lo señaló el Departamento de Estado en su reporte anual sobre derechos humanos.
La institución aseguró que la "falta de repercusiones" ante las denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden generan preocupación entre los ciudadanos. También destacó que hubo múltiples denuncias de muertes, torturas y tratos inhumanos.
"El gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron", subraya el informe del Departamento de Estado. Los ciudadanos salieron a las calles desde el año pasado a expresar su descontento contra la actual presidenta, Dina Boluarte, luego de que asumiera el cargo tras la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el Legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró a inicios de marzo en el Ministerio Público sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno. La mandataria afronta una investigación por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
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