Arequipa: pobladores del Valle de Tambo protestaron contra el proyecto minero Tía María [VIDEO]

Los agricultores del Valle de Tambo y pobladores de Mollendo, ubicado la provincia de Islay, realizaron una protesta este viernes contra el proyecto minero Tía María, en la región Arequipa.

Los manifestantes, portando banderas de color verde, se reunieron en el sector del Arco de La Curva, en el distrito de Dean Valdivia. Ellos se hicieron presentes a bordo de camiones, furgonetas y maquinas agrícolas.

Luego se dirigieron hacia la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra. Para esta movilización, los agricultores del Valle de Tambo trabajaron hasta el mediodía, para luego trasladarse a los puntos de concentración.

La expresidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada Mejia, Marilu Marroquín, dijo que esta protesta es preventiva y que habrá un paro de 48 horas el próximo 18 y 19 de julio en la región. 

Alcaldes y juntas agrícolas en contra de Tía María 

Autoridades locales y representantes del agro de la provincia de Islay, en Arequipa, manifestaron su rechazo al inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, promovido por la empresa Southern Perú (SPCC). A través de un comunicado conjunto, destacaron que dicho proyecto carece de la "licencia social" necesaria por parte de la población, lo que lo hace inviable según los firmantes.

Encabezados por el Alcalde de la provincia, Richard Hitler Ale Cruz, y respaldados por alcaldes distritales y presidentes de juntas agrícolas, el documento señala que el proyecto minero no ha logrado superar el conflicto social con la comunidad ni ha proporcionado suficientes garantías ambientales para coexistir con la agricultura, pilar fundamental del desarrollo en la región.

En otro punto, cuestionan la efectividad de las autoridades ambientales en la supervisión y aplicación de medidas correctivas frente a la contaminación ya existente en la cuenca del Río Tambo, resultado de actividades mineras anteriores. Este precedente, según el pronunciamiento, genera incertidumbre sobre la capacidad del Estado para garantizar que futuros proyectos mineros cumplan con estándares ambientales adecuados.