El ministro de Educación, Morgan Quero, pidió al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, que se reabran otros casos que están archivados.
El Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que un total de 67 casos de denuncias por delitos sexuales contra escolares de las comunidades originarias awajun y wampis de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, que habían sido archivados, fueron reabiertos.
En conferencia de prensa, el responsable de la cartera, Morgan Quero, explicó que ha enviado en vísperas un oficio al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, solicitando que se reabra otras investigaciones en las que también estaban comprendidos otros docentes acusados de este grave delito.
De igual modo, el alto funcionario del Ejecutivo ha requerido en un escrito al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que, a través del Sistema Nacional Especializado de Justicia contra la Violencia de Género y el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Violencia contra la Mujer, se brinde apoyo para otorgar medidas de protección para los estudiantes víctimas de violencia.
Quero dio estos alcances durante una supervisión a las obras de la Escuela Bicentenario Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán, que se construye actualmente en el distrito de Chicama, en la provincia de Ascope (región La Libertad). Estuvo acompañado del gobernador César Acuña y el alcalde Edilberto Bada.
En un comunicado, el portafolio precisó que se ha dispuesto un cambio normativo para que, en las residencias estudiantiles de Condorcanqui, los docentes y auxiliares sean exclusivamente mujeres, con el objetivo de prevenir los delitos que se han denunciado durante años.
En agosto próximo se instalará en Santa María de Nieva una cámara Gessel para dar facilidades en el trámite de este tipo de denuncias. Quero detalló que solicitará, además, que una embarcación especial facilite el traslado de las denunciantes y sus familiares en la zona.
Ministros cuestionados
El lunes 10 de junio, el titular del Minedu, Morgan Quero, tildó de “práctica cultural” los casos de violencia sexual contra niñas awajún cometidos por docentes entre 2010 y 2024. Esta declaraciones han desencadenado una ola de críticas por parte de las organizaciones, como el Movimiento Manuela Ramos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por supuestamente justificar la situación a la que han sido sometidas niñas y adolescentes de la región Amazonas y normalizar los delitos de violaciones sexuales.
Días después, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, en lugar de disentir con los comentarios de su colega, reiteró que los hechos de violencia sexual infantil son “prácticas culturales” que deben ser “desterradas”.
“Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido. Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir”, dijo en declaraciones a la prensa.
En vísperas, la parlamentaria de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, informó que presentó una denuncia penal contra los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández por sus "inaceptables declaraciones que configuran presunto delito de discriminación al normalizar la violencia sexual contra la niñez awajún y wampis".
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