A cuatro meses de acabar el año, regiones como Lima, Arequipa y Cusco han ejecutado menos del 30% del presupuesto que les otorga el Gobierno para prevenir y atender casos de violencia contra la mujer. A nivel nacional, ya se han reportado más de 96 mil casos de violencia contra la mujer entre enero y julio de este año, según cifras del MIMP.
Más de 92 mil casos de violencia contra la mujer se han registrado ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre enero y julio de este año. Pese a ello, y a que desde el 2002 se cuenta con políticas públicas para abordar este problema social, las autoridades regionales no están ejecutando el presupuesto que el Gobierno les ha asignado para reducir estas cifras, según pudo conocer RPP Data a través del portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía (MEF).
En Loreto, por ejemplo, región donde ocurrió el Caso Mila, menor de 11 años que fue abusada por su padrastro y resultó embarazada, se han registrado hasta julio 1,752 casos de violencia contra la mujer, de acuerdo a estadísticas del MIMP. El presupuesto que le asignaron a inicios de la gestión para atender y prevenir estos casos fue de 202,768 mil soles; sin embargo, hasta la fecha de publicación de este informe, solo había ejecutado el 23.7% de este monto, lo que equivale a 45 mil soles.
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Esto se traduce en menos servicios a disposición de la población y de las víctimas, tal como relató a 'La Rotativa del Aire' de RPP el representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque: "Para las ocho provincias [de Loreto], solo tenemos tres cámaras Gesell y todas están en Iquitos. Las víctimas tienen que viajar desde Putumayo o Requena a la ciudad de Iquitos para que se realice la diligencia de entrevista única en la cámara Gesell".
Las regiones en cuestión
Loreto no es la única región donde no se utilizan todos los recursos. En Lima Provincias se registraron 4,775 denuncias en los Centro Emergencia Mujer (CEM) entre enero y julio de este año. Sin embargo, solo se le ha destinado 7,800 soles en la partida presupuestal de "Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer", de los cuales se ha usado el 29%; es decir, 0.50 céntimos por víctima.
Teresa Santillán, especialista en gestión pública, explica que son los gobiernos regionales y locales quienes definen qué harán para reducir la violencia contra la mujer y, una vez planificado, solicitan el presupuesto para llevarlo a cabo.
“Si [el gobierno] no tiene claro qué es lo que va a hacer sobre este problema [entonces] no tendrá presupuesto. Es una responsabilidad directa de las entidades y de las personas encargadas de efectuar esa proyección”, explica.
Por otro lado, hay que considerar que cuando hablamos de violencia contra la mujer o contra otros integrantes del grupo familiar, se tiende a poner el foco en el Gobierno Central y no sobre los gobiernos regionales, distritales y provinciales, lo que hace que estos adopten una actitud pasiva ante estos temas, señala Marlene Molero, abogada especialista en género y fundadora de GenderLab.
A ello le agrega que tenemos autoridades con deudas por pensión alimenticia o que están involucrados en acusaciones, juicios o casos donde "ellos mismos han ejercido violencia contra sus parejas o exparejas. [Entonces cómo] pedirle a estas personas que tomen postura y reaccionen como se debe respecto a situaciones que claramente no respaldan", refiere la especialista.
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En Arequipa la ejecución también es lenta. Con 9,875 casos reportados ante el MIMP entre enero y julio del 2023, esta región es a la que más dinero se le ha asignado, con 2.8 millones de soles, para prevenir y atender a las víctimas de violencia. Sin embargo, a cuatro meses de acabar el 2023, solo ha ejecutado el 7.4% de este presupuesto, es decir 200 mil soles.
Cusco es la tercera región con más denuncias por violencia contra la mujer, con 5,856 casos, y se le ha asignado 623,715 soles para atenderlas. Hasta medidados de agosto solo había ejecutado el 26.1% de este monto, lo que vendría a ser casi la sexta parte del dinero. En el caso de Áncash, que acumula 5,004 casos reportados, solo se ha ejecutado el 4.4% de los 44,171 soles que tiene a su disposición. Esto es 0.38 céntimos por víctima.
Falta de hogares refugio para víctimas y atenciones psicológicas
¿En qué se está dejando de gastar? Justamente en servicios que informan a las mujeres sobre sus derechos, las instancias a las que pueden acudir para defenderlos o dónde denunciar hechos de violencia en su contra, indica Patricia Ramírez, representante de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
"Uno de los servicios más importantes que están siendo dejados de lado por parte de los gobiernos regionales son los hogares de refugio temporal. Estos son espacios sumamente importantes pues son lugares seguros para las víctimas de violencia extrema que pueden [llegar a] ser posibles víctimas de feminicidio o trata de personas", advierte.
De acuerdo al Ministerio de la Mujer, en el Perú existen 43 hogares de refugio temporal a nivel nacional. "Esta cifra puede ir variando dependiendo de la voluntad de cada uno de los gobiernos regionales, por eso sostenemos que los gobiernos regionales, provinciales y locales deben establecer, como uno de sus temas más urgentes de agenda, la creación y sostenimiento de hogares de refugio temporal en sus jurisdicciones", comenta.
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Las especialistas explican que las autoridades deberían utilizar este presupuesto para implementar campañas de sensibilización, observatorios de violencia contra la mujer o atenciones psicológicas para víctimas de violencia. Sin embargo, las campañas que se despliegan en días conmemorativos como el Día de la Mujer (8 de marzo) o Día de la Eliminación de la Violencia contrala Mujer (25 de noviembre) terminan perpetuando los estereotipos de género, señala Ramírez.
"Solo 14 gobiernos regionales han realizado campañas comunicacionales para informar a las mujeres sobre sus derechos, y de estos, solo 7 realizaron acciones para prevenir el acoso sexual (...). [Los demás] perpetúan estereotipos culturales como el tema de spas para fomentar la belleza física o clases de cocina y repostería", comenta.
Mayor seguimiento y monitoreo urgente
Marlene Molero sostiene que, así como se pone en alerta las obras que no se ejecutan en temas como prevención ante el Fenómeno El Niño, también se debe hacer lo propio con los temas de prevención de violencia contra la mujer.
"Tiene que haber un seguimiento de este cumplimiento, incluso un control a partir del propio Congreso, de las representaciones de los congresistas en sus regiones o provincias. Esto también es importante para monitorear e impulsar que efectivamente se cumplan estas funciones. Recordemos que somos un país que, en lugar de decrecer los niveles de tolerancia ante la violencia contra la mujer, los va aumentando", postula.
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