por Redacción RPP
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El Poder Judicial aceptó el pedido de impedimento de salida, solicitado por la Fiscalía, en contra de los representantes de la empresa Repsol por el reciente derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla que afectó al litoral peruano.
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El Poder Judicial declaró fundado el pedido de impedimento de salida, solicitado por la Fiscalía, en contra de los representantes de la empresa Repsol por el reciente derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla que afectó al litoral peruano.
De esta manera, el juez Romualdo Aguedo declaró fundado requerimiento fiscal y dispuso impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta y los funcionarios Renzo Tejada, Gísela Posadas y José Reyes.
Durante la audiencia, los cuatro directivos de la refinería de La Pampilla de Repsol imputados por el presunto delito de contaminación ambiental por derrame de petróleo, encabezados por el gerente general Jaime Fernández-Cuesta, se allanaron al pedido de impedimento de salida del Perú.
Además de Fernández-Cuesta, que también es director ejecutivo de Repsol en Perú, están imputados como cómplices el jefe del Terminal Marítimo 2 de la refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.
El abogado de Fernández-Cuesta ya había adelantado que no se va a oponer al requerimiento, aunque precisó que su defendido "en todo momento ha colaborado, y ha permitido que la fiscalía ingrese a las instalaciones de La Pampilla" para las pesquisas iniciadas.
En el mismo sentido, la defensa de los otros directivos ya había aceptado la medida propuesta por la Fiscalía y manifestaron que no tenían la intención de salir del país para colaborar con las investigaciones. Para la Fiscalía, la medida era indispensable para la indagación y "asegurar el esclarecimiento de los hechos".
Detalles de la investigación
La representante del Ministerio Público expresó que se tiene indicios de que "conociendo el derrame producido no habrían cumplido adecuadamente sus funciones", dado que el vertido ascendió a más de 6.000 barriles, habiéndose desplazado "desde la refinería hasta Supe en Barranca, a 140 kilómetros de distancia".
El derrame contaminó aguas marinas, suelo y subsuelo marino, con impacto en flora, fauna y la población que estuvo expuesta a los hidrocarburos, anotó la fiscal.
Los hechos tipificados como contaminación del ambiente son pasibles de responsabilidad penal, con penas no menor de cuatro años ni mayor a seis años de prisión, agregó.
Asimismo, indicó que "existe un peligro latente de que los imputados puedan tratar de rehuir a los hechos que se están investigando" y que se está considerando que existe una responsabilidad.
A su vez, la procuraduría del Estado se adhirió al pedido de impedimento de salida del país en vista a que "este caso es de una magnitud gravosa" y existe un potencial peligro de fuga.
El derrame se produjo el sábado 15 de enero en coincidencia con la llegada a las costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica submarina en Tonga, lo que provocó un inusitado aumento del nivel del mar en el momento que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la refinería La Pampilla.
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