Ucayali: denuncian que desconocidos atacaron vivienda de defensor ambiental y lo amenazaron de muerte

Personas desconocidas atacaron la vivienda del vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y líder del pueblo Shipibo-Konibo, Miguel Guimaraes Vásquez, el miércoles 24 de abril. El hecho ocurrió en Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo (región de Ucayali). 

Además de escribir un mensaje amenazante en una de las paredes del inmueble (“No vive”), forzar las puertas y quemar las ventanas, los responsables robaron las pertenencias del defensor ambiental.

En el momento en que se producía el acto delictivo, Guimaraes Vásquez retornaba al país tras participar en la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú), evento que se desarrolló entre el 22 y 24 de abril, en Santiago de Chile.

"Denunciamos que este no es un hecho aislado, sino que se da en un contexto de violencia sistemática, amenazas y atentados contra los defensores indígenas, quienes luchan por defender los derechos colectivos y los territorios ancestrales ante el avance de actividades ilícitas", señaló en un pronunciamiento Aidesep, que representa a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas del país.

Piden medidas de protección

La asociación exigió al Ministerio Público iniciar una investigación inmediata para la recopilación de los medios probatorios que permitan identificar a quienes cometieron el ilícito.

Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior "a realizar las acciones inmediatas y necesarias para garantizar la vida e integridad de Miguel Guimaraes y su familia, implementando medidas de seguridad personales idóneas, oportunas y efectivas que permitan reducir y prevenir los riesgos y amenazas". "Y una articulación multinivel con las dependencias policiales para que las medidas de seguridad sean permanentes", indicó.

En esa misma línea, pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos activar "el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, garantizando la articulación multinivel con las entidades estatales competentes y coordinando con las organizaciones indígenas".

"Es obligación del Estado que las medidas de protección sean efectivas para evitar nuevos atentados", enfatizó.