Desde fortalecer a la PNP a la pena de muerte: las propuestas de los alcaldes de Pueblo Libre y Magdalena para combatir la criminalidad

Los casos de extorsión y cobro de cupos ya son una constante en las agenda de noticias de Lima. Y es que a diario se reportan casos de cómo criminales exigen dinero no solo a las empresas de transportes, sino también a dueños de bodegas, para dejarlos trabajar y no atentar contra ellos.

Desde el Congreso, se ha propuesto tipificar el delito de “terrorismo urbano” en el Código Penal, a fin de establecer penas de entre 20 a 30 años por los delitos de homicidio calificado, sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas, lesiones graves, participación en pandillaje pernicioso, entre otras faltas.

Sin embargo, la aprobación del dictamen, que contiene 17 proyectos de ley afines, se estancó en el Parlamento.

Los alcaldes Mónica Tello (Pueblo Libre) y Francis Allison (Magdalena) estuvieron esta mañana la cabina de RPP y ambos coincidieron en que generar más leyes o tipificar una serie de delitos no es la solución para mitigar el incremento de los casos de extorsión y cobro de cupos, que ocasionó que los transportistas paralizaran sus operaciones a modo de protesta.

Tello indicó que saluda las iniciativas que surgen del Parlamento para luchar contra la criminalidad, pero refirió que el tema de fondo va más allá de ponerle nombre a una ley.

“Tenemos que tener en cuenta cuántos ciudadanos están muriendo. ¿Qué pasa y hacia dónde tiene que mirar el Congreso? Las leyes están dadas, pero tienen que ir más allá de cambiar el nombre”, señaló en el programa Ampliación de Noticias.

Por su parte, Allison alegó que las normativas se “pueden mejorar”; sin embargo, dijo que se ha calificado erróneamente el delito de “terrorismo urbano”.

“Lo único que han hecho… es agarrar delitos que existen en el Código Penal y meterlos en un solo paquete y decir ahora se llaman terrorismo urbano […]. Después de esa ley de crimen organizado, ahora quieren aprobar una ley con nombre rimbombante; que todos sabemos que no va a servir para nada y que se ha engañado a todo el Perú haciendo creer que si se aprueba se resolvían todos los problemas de sicariato”, cuestionó.

¿Qué proponen ambos alcaldes?

Consultados por cuáles son sus propuestas ante este crítico panorama, los burgomaestres discreparon sobre los planteamientos.

Primero, la alcaldesa de Pueblo Libre dijo estar a favor de instaurar la pena de muerte en la normativa peruana, a pesar de que ese escenario implicaría que el Perú abandone el Pacto de San José, un tratado internacional que prevé derechos y libertades que deben ser respetados por los Estados miembros.

“Hemos llegado a un límite en que [los presos] se están hacinando. Del 2019 al 2024, más de 500 sentenciados a cadena perpetua, ¿vamos a seguir hacinando? Tenemos que tomar una acción radical, es tiempo. Claro, salirnos de los pactos internacionales lleva su tiempo, pero ¿cuándo vamos a empezar?”, se preguntó.  

“Nos están matando, están matando ciudadanos todos los días”, agregó.

Mónica Tello, quien llegó al sillón municipal de la mano de Renovación Popular, reiteró que las autoridades, como el Congreso y el Gobierno, tienen que redoblar los esfuerzos para acabar con estas modalidades delictivas.  

“Hemos tenido el paro de transportistas porque están matando y extorsionando”, precisó.  

La autoridad distrital indicó que, como parte de la lucha contra la criminalidad, en su jurisdicción que se realizan diversos operativos entre serenos y agentes policiales para realizar intervenciones, además de la iniciativa ‘Serenos sin Fronteras’ y el cambio de luminarias LED en este punto de la capital.

“Un distrito iluminado es un distrito seguro”, complementó.

A su turno, Francis Allison propuso fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) con recursos que le permitan realizar las labores de inteligencia y de intervenciones.  

“Hay que apoyarlos con todo lo que significa investigación es inteligencia, que requiere de una red de informantes”, alegó.

El alcalde de Magdalena también dijo que una medida para acabar con el crimen organizado es mejorando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -que es la encargada de analizar y detectar operaciones sospechosas de lavado de activos-, a fin de que se detecte oportunamente las cuentas bancarias donde llega el dinero producto de los pagos de cupos.

“Tenemos que asfixiarlo económicamente. Son empresas delictivas y delinquen por dinero. Hay que fortalecer la UIF para que detecte el ingreso a esas cuentas donde se depositan los montos extorsivos, son montos chiquititos que entran”, alegó.

Allison contó que, como una de las iniciativas para frenar la venta de celulares robados, desde su comuna se promueve la clausura de todos los establecimientos sospechosos de vender equipos de dudosa procedencia.

“Desde hace años, Magdalena es el único que clausura lugares donde venden cosas robadas. En Magdalena no hay un solo lugar donde se vendan teléfonos manchados con sangre. Si todos los alcaldes hiciéramos lo mismo, destruiríamos la receptación… como un modo de combatir la delincuencia común”, puntualizó.