Mientras otros países avanzan con la regulación de taxis por aplicación, en el Perú los proyectos continúan estancados

Desde hace tres años la demanda del servicio de taxis por aplicativo está aumentando en el país. Entre 2021 y 2022 la cantidad de viajes solicitados a través de estas plataformas digitales pasó de 299 mil a 531 mil traslados al día, lo que representa un incremento del 78%, de acuerdo a información del Instituto Peruano de Economía (IPE) revisada por RPP Data. 

No obstante, lo que también ha ido creciendo es la cantidad de denuncias y reclamos ante las empresas que ofrecen este servicio. Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre el 2023 y marzo del 2024 se han reportado 370 reclamos de pasajeros por cobros indebidos y mala calidad del servicio, entre otros. 

¿Es necesario regular este servicio? Otros países de la región ya han avanzado con la legislación y están a punto de implementarla como Ecuador y Chile, como explicamos a continuación.

Ecuador: municipalidades regularán servicio de taxi por aplicativo

En el 2021 el gobierno ecuatoriano estableció que serían los Gobiernos Autónomos Descentralizados [es decir, las Municipalidades] quienes se encargarían de regular este servicio, indicó a RPP Data el ingeniero Sebastián Arias desde Ecuador. 

“Lo que nos hemos dado cuenta aquí, y también en otros países de Latinoamérica, es que es imposible prohibir este tipo de aplicaciones (…) Es necesario normar esta actividad. Si se legalizan incluso se podrían recaudar recursos que se direccionen a fortalecer otros modos de transporte más sostenibles”, explica.

Desde hace algunos años, Quito y Guayaquil [las dos ciudades más grandes y pobladas de Ecuador, con 3 millones de habitantes cada una] han intentado aprobar ordenanzas para regular estas aplicaciones; sin embargo, estas se estancaban por problemas legales, cuenta Arias. En el 2023, a través de una consultoría internacional realizada en Quito, se armó una propuesta final. 

"Hay un proyecto de ordenanza que se está tratando en el Concejo Municipal para regularizar estos aplicativos bajo ciertas condiciones", indica el especialista. Estas son: que el conductor y el vehículo estén registrados dentro de la base municipal, que cuenten con una licencia profesional, que el vehículo tenga una póliza de seguro, que la plataforma pague impuestos, que cuenten con una certificación de transacciones bancarias, que el vehículo se encuentre en buen estado y tengan un taxímetro digital, entre otras", comenta. 

Chile publicó la ley para regular este servicio en febrero de este año

En Chile, luego de un debate que inició desde el 2018, el proyecto de ley 21553 denominado "Ley Uber", fue finalmente aprobado y publicado por el gobierno. Este actualmente está siendo revisado por la Contraloría chilena que deberá aprobar el reglamento. Una vez aprobado, el decreto entrará en vigencia en los siguientes treinta días.

Uno de los aspectos que toca esta ley es la creación de un registro de socios conductores y empresas, cuenta Esteban Ávila, abogado chileno del Centro de Investigación Libertad y Desarrollo. "Lo relevante de esto es que solo podrán operar las personas que estén inscritas. Cada una de las empresas deberá tener a sus conductores registrados, de lo contrario, existirán multas tanto para la compañía como para el conductor", señala.  

La polémica, que dura hasta hoy, recae en el artículo que indica que luego de seis meses de entrada en vigencia la ley, la inscripción en el registro se congelará por 18 meses; es decir, que no se aceptarán a conductores nuevos, sostiene el experto. "Si miramos los datos de Uber, por ejemplo, tenemos que el promedio de duración en la app es de 7 meses y medio, por lo tanto hay una alta rotación (...) Al final lo que te genera es que haya dos gremios: taxis y aplicación y eso te lleva a que los precios suban para los usuarios finales", explica Ávila. 

Otros puntos que generaron controversia fueron la exigencia de licencia profesional, requisitos técnicos de los autos y la gradualidad en la implementación de la ley. “Quienes pierden son las zonas rurales o alejadas del centro urbano, porque son estas las que no tienen transporte público en determinados horarios y [el taxi por aplicativo] era la única alternativa. Esto va a disminuir”, menciona el experto.

¿Y qué sucede en el Perú?

En el 2018 se aprobó, desde el Congreso de la República, un proyecto de ley para regular estos aplicativos y crear un registro integral; sin embargo, este nunca entró en vigor. Luego, en el 2021, el congresista José Luis Elías presentó una iniciativa similar. Recién hoy, viernes 10 de mayo del 2024, ha sido debatida en el Pleno, sin embargo se quedó en la fase de "cuarto intermedio", es decir que será revisada nuevamente con las sugerencias de los congresistas para volver a ser presentada en una siguiente sesión. 

Desde el Ejecutivo, en agosto del 2023, el Ministerio de Transportes propuso un paquete legislativo al Congreso, dentro del cual se establecía que las empresas que brindan el servicio de taxi por aplicativo sean incorporadas a la Ley General de Transporte, lo que las obligaría a tener oficinas en el Perú y cumplir con un régimen de infracciones y sanciones, entre otros puntos. Esta iniciativa tampoco prosperó.

En abril de este año, el congresista Héctor Acuña también presentó el proyecto de ley 7483, que establece requisitos para estas empresas, como estar inscritas ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), rendir impuestos, cumplir ciertas características técnicas y que los conductores no tengan antecedentes penales, policiales y judiciales. 

"Hemos tenido reuniones con algunas empresas que prestan este servicio, están de acuerdo, tienen algunas observaciones y las estamos revisando. Hay un entendimiento y estamos conversando con las comisiones [del Congreso] para que puedan dictaminar pronto [este proyecto]", sostuvo el parlamentario a RPP.

Sin embargo, para el abogado experto en transporte y presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candía, no es necesaria una ley para regular este servicio. "La entidad encargada de autorizar [estas aplicaciones] es la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). No se necesista una ley, lo que la ATU debería hacer es incorporar este servicio en el Reglamento del Servicio de Taxi, cuidar las características y regularlas", opina.

Una de estas sería, por ejemplo, que se les pida a las empresas extranjeras que se acrediten en el país o identificar la placa del vehículo de un color en específico, para que se diferencien de los autos particulares, comenta Quispe Candía.

Según la última guía actualizada del Indecopi "Checa tu Taxi", solo cuatro de 14 aplicaciones de taxi en el país solicitan credenciales a los conductores para realizar este servicio y solo cuatro también les exigen un examen psicológico. Esta es la oportunidad para que las autoridades se pongan de acuerdo y fomenten un transporte seguro para todos los ciudadanos. ¿La aprovecharán?