En entrevista con RPP, Lucio Castro también negó que sea un golpe a la educación la ley que reincorpora a la Carrera Pública Magisterial a docentes cesados por no cumplir con los requisitos de evaluación en 2014.
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El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, indicó que más de 400 mil maestros en el país irán a la huelga si es que no se atienden sus demandas. Adelantó que el anunciado paro del 23 de mayo es “preventivo” y previo a tal medida.
“Es un paro de 24 horas nacional, el 23 de mayo, es preventivo y previo a una huelga nacional si es que el Gobierno no atiende que la justa demanda de los trabajadores tiene que ser atendida. Son 420 mil maestros indignados, porque el Estado desatiende la educación y vulnera los derechos de los trabajadores y contraviene la Constitución”, manifestó.
Pese a que esta medida afectaría la educación de millones de estudiantes del país, Castro remarcó que el Gobierno debe “reflexionar” sobre el daño que se hace al magisterio y a la educación “al incumplir sus compromisos”.
“El Gobierno ha firmado un convenio colectivo que dice ‘voy a preocuparme por la infraestructura, alimentación, derechos de trabajadores y no lo cumple’. Entonces, el Gobierno tiene que reflexionar, sujetarse a la Constitución, preocuparse por la educación y respetar el derecho de los trabajadores”, refirió.
No es un "golpe a la educación"
Tras la aprobación por insistencia de la ley que incorpora al magisterio a docentes interinos que fueron cesados en 2014 por no cumplir con los requisitos de evaluación vigentes en esa fecha, Castro sostuvo que el Ministerio de Educación debe señalar cuántos trabajadores se verán beneficiados por la norma.
En ese sentido, precisó que la medida tiene aspectos positivos y negativos, pues se permitiría que los docentes con título profesional “sacados del sistema” puedan ingresar a la CPM a pesar de no haber sido evaluados. Sin embargo, desde el Sutep, afirmó que “hay un deber” de ser sujetos a prueba.
Asimismo, se mostró en desacuerdo que dicha ley sea un "golpe a la educación", pues aseguró que la prueba que se desarrolló en 2014 no contaba con criterios básicos y carecía de validez y confiabilidad.
"Este instrumento de evaluación que se aplicó el 2014 no tenía esos criterios básicos que todo instrumento tiene, por tanto, a nuestro entender en ese entonces, señalaban que esta evaluación estaba siendo utilizada para descalificar a la gente", indicó.
Apuntó que la mayoría de docentes que retornarán están preparados, pues son contratados y para serlo, deben superar un examen que los ubica en un cuadro de méritos para acceder a una plaza.
"El decir que no fueron idóneos, calificados, no puede ser bueno para ser nombrado y malo para ser contratado, ha demostrado calificación, ha sido sujeto de una prueba, por tanto, está trabajando", dijo.
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