Solo en febrero del 2024 se registraron seis agresiones a periodistas, según el Consejo de la Prensa Peruana

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) reportó seis incidentes que calificó como agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante febrero del 2024 a nivel nacional.

En un informe mensual, se menciona la carta notarial que envió el general PNP Augusto Ríos Tiravanti a la periodista Graciela Villasís (El Comercio) y al programa digital La Encerrona.

En el escrito, el mando policial amenazó con tomar acciones legales si no había una rectificación por revelar que su salida de la jefatura de la III Macro Región Policial La Libertad por haber sido investigado por presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con la minería ilegal.

Los casos de agresión mencionados por el CPP fueron contra los periodistas de PBO por parte de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo y contra la comunicadora Guti Gutiérrez Pacaya, quien fue retirada por la Policía cuando cubría un desalojo en la región San Martín.

El informe menciona el incidente protagonizado por gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cáceres, cuando tildó a prensa local de “doble sentido” y “maletera” por las críticas contra su gestión.

También se dio cuenta de la denuncia penal presentada por el partido político Fuerza Popular contra el director del portal IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y de la agresión contra una periodista de Willax por parte de un trabajador de la minera Shougang Hierro Perú, en la región Ica.

“El Consejo de la Prensa Peruana rechaza que las autoridades municipales, políticas, fiscales, policiales y ciudadanos en general hostiguen y ataquen a la prensa. Esta organización les recuerda que la ciudadanía tiene el derecho de estar debidamente informada a través de periodistas y medios de comunicación, a los cuales se les debe brindar la facilidades en su cobertura”, se lee en el documento.

Finalmente, el CPP pidió a las autoridades y a la ciudadanía respetar la labor de los periodistas, tras advertir que la “persecución fiscal y policial” a las labores de los medios de comunicación “socava la democracia”.