El Poder Judicial decidió este viernes dictar la orden para prohibir la salida durante 18 meses del país de cuatro directivos de la empresa, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.
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La petrolera española Repsol garantizó este viernes que continuará "cooperando plenamente" con la justicia peruana ante el impedimento de salida del país dictada por el Poder Judicial contra cuatro de sus directivos mientras se investiga el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en el mar de Ventanilla.
"Continuaremos cooperando plenamente con cualquier investigación criminal, como ya lo estamos haciendo con la investigación preliminar en curso", indicó Repsol en un correo electrónico a la AFP en Madrid.
"Nuestra principal preocupación es la limpieza del medio ambiente. Repsol está poniendo todos sus esfuerzos en los trabajos de limpieza con la máxima rapidez para avanzar en la limpieza de las zonas afectadas", agregó el texto.
El derrame de unos 6.000 barriles de crudo el 15 de enero, calificado como "desastre ecológico" por el gobierno, ocurrió mientras un buque tanque de bandera italiana descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol.
Respuesta sin claridad
La empresa atribuyó el accidente, que ha provocado la muerte de peces y aves y ha dejado sin trabajo a cientos de pescadores, al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
Ante una petición de la fiscalía, el Poder Judicial decidió este viernes dictar la orden para prohibir la salida durante 18 meses del país de cuatro directivos de la empresa, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.
Los coacusados son los peruanos Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, Gisela Cecilia Posadas Jhong y José Gregorio Reyes Ruiz.
El jefe de Repsol Perú será investigado por la fiscalía como presunto "autor" del delito de "contaminación del ambiente en agravio del Estado" peruano, y los otros tres directivos como "cómplices".
La ley peruana tipifica penas de entre cuatro y seis años de prisión para este delito.
AFP
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