En La Rotativa del Aire, el exdirector ejecutivo del INPE, Germán Small, señaló que se trata de una "iniciativa muy buena", pero que se debe tener en cuenta los gastos en el transporte de personal y de alimentación, entre otros.
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El exdirector ejecutivo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Germán Small Arana, se refirió esta noche al proyecto de ley del congresista Alejandro Muñante, quien plantea la reconstrucción del penal ‘El Frontón’, ubicado en las costas del Callao, y la ampliación del penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna.
La propuesta, que incluye las firmas de los parlamentarios de Renovación Popular, tiene como fin “albergar a delincuentes que representen alta peligrosidad para la sociedad”, condenados por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, crimen organizado, trata de personas, homicidio calificado y violación sexual.
En el programa La Rotativa del Aire-Edición Noche, el catedrático saludó la iniciativa legislativa e hizo énfasis en que los 68 establecimientos penitenciarios del país están “sobrecargadas”. Y es que, según información oficial del INPE, 49 de las 68 cárceles habilitadas están hacinadas.
“Es importante establecer que los 68 están totalmente sobrecargados con más de 95 mil internos, cuando [hay una capacidad] de 41 mil. Hay 54 mil internos de más”, declaró.
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Un gasto excesivo
Small Arana indicó que, si bien es cierto las islas penales son más seguros y requieren menor custodia externa, implican un gasto superior si se tiene en cuenta el traslado del personal, de la alimentación; y el abastecimiento de la energía eléctrica y del agua.
“Me parece una iniciativa muy buena, pero hay que tener en cuenta que un establecimiento penal de isla significa el transporte. Tiene que haber transporte y determinación política del Estado, porque se va a considerar como un establecimiento penal de máxima seguridad como régimen cerrado especial: y eso requiere personal capacitado y especializado”, comentó.
El exjefe del INPE alegó que es más factible ampliar la capacidad del penal de Challapalca y de Cochamarca (Cerro de Pasco), a fin de reducir los costos.
“No se trata de ver el campo penitenciario desde el punto de vista político”, apuntó.
Finalmente, German Small sugirió que la problemática carcelaria sea vista como una política de Estado.
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